Durante la jornada de este viernes se conoció que el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, apartó del denominado Caso Tragamonedas al persecutor a cargo de tal investigación, Roberto Contreras, y la derivó a la Fiscalía de Alta Complejidad.
Este último fue quien descubrió una presunta conexión con políticos, como el exalcalde de Santiago, Pablo Zalaquett; y el exsuperintendente de Casinos, Francisco Leiva; entre otras figuras.
Debido a lo anterior, a fines de agosto, el Ministerio Público -tras la decisión de Contreras- instruyó allanamientos en las dependencias de ambos con el objetivo de esclarecer el uso de tragamonedas clandestinos y su conexión con entidades públicas.
En conversación con Radio Bío Bío, el abogado de la Asociación Gremial de Operadores, Fabricantes e Importadores de Juegos Electrónicos Recreativos de Premio Programado (Fiden), Marcelo Castillo, valoró la decisión de Guerra.
Castillo acusó al degradado persecutor de liderar hasta el jueves una investigación poco legal y de haber filtrado información que perjudicó a sus representados.
También en diálogo con La Radio, el abogado de la Asociación de Casinos por el Caso Tragamonedas, Juan Carlos Manríquez, justificó la decisión de Guerra ya que, a su juicio, el fiscal regional “debe entender, seguramente, que las materias pertenecen (a la Unidad de Alta Complejidad)”.
Por su parte, Contreras le solicitó una reunión al fiscal nacional, Jorge Abbott, para discutir el hecho que su investigación haya sido derivada a tal rama del órgano, para ser dirigida por el fiscal Felipe Sepúlveda, quien dio fin a la pugna judicial por las estafas piramidales de AC Inversions.
Este jueves, Sepúlveda llegó un acuerdo con el dueño de la empresa, Patricio Santos, quien aceptó los cargos que el poder persecutor le imputó y terminó siendo condenado en juicio abreviado a una pena de 5 años de cárcel efectiva y al pago de una multa de 30 UTM, en una estafa que afecto a cerca de 3.500 personas y significó un fraude de 65 mil millones de pesos.
Previo a su salida del Ministerio Público, los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena pidieron 25 años de cárcel para Santos, lo que no se vio concretado durante aquella jornada.
Gajardo usó su cuenta de Twitter para mostrar su molestia con la decisión de Guerra, señalando la existencia de un eventual “patrón” al interior de la Fiscalía.
“Se repite un patrón. Causa que avanza contra políticos cambian al fiscal que investiga. Qué pena por como convirtieron a la Fiscalía de Chile en una institución al servicio de los poderosos en vez de estar al servicio de la Ley!”, escribió el otrora persecutor.
Fuente: biobiochile.cl