Es por la “obstrucción y ocupación ilegal de la vereda”. Tendrán hasta el viernes para desalojar el lugar antes de que actúe la fiscalía. Desde ATE presentarán un habeas corpus.
La Municipalidad de Godoy Cruz multó a los ex trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos que acampan desde hace 38 días frente al Casino de Mendoza y adelantó que realizará una denuncia penal. Se ampara en la violación de una ordenanza de 1959 que prohíbe la ocupación y obstrucción de veredas. Desde ATE adelantaron que presentarán un habeas corpus a la justicia provincial y acusaron al intendente Tadeo García Zalazar de “ser el brazo represor del Gobierno”.
Al cumplirse poco más de cinco semanas de la no renovación de 80 contratos de planta temporal en el IPJC y la instalación de carpas y gazebos en el frente del casino provincial como protesta, la situación podría tomar un cariz violento. Esto se debe a que la tensión original entre sindicatos y Gobierno sumó a un tercer actor, el municipio.
El primer paso fue dado por la Dirección de Inspección y Fiscalización de Godoy Cruz que el lunes por la tarde labró un acta contra los acampantes. Natalio Derinovsky, a cargo del cuerpo de inspectores, relató a Diario Vox que “nos acercamos a San Martín y Brasil para constatar la situación y notificar a los ocupantes que estaban violando una norma municipal”. Al día siguiente (martes), se realizó otra visita, pero esta vez acompañados por un escribano público que fiscalizó el “no acatamiento” de la medida.
Según indicó el funcionario municipal, la ordenanza contempla una multa de hasta 5 mil pesos y la obligación de abandonar el lugar en el plazo de 5 días hábiles, por lo que para el lunes de la semana próxima para desarmar las carpas. De manera paralela “el Departamento Legal reunirá las pruebas para armar una denuncia, que se presentaría este mismo miércoles en la Oficina Fiscal competente”, añadió.
Una vez que ingrese la denuncia, la denuncia quedaría en manos de la justicia provincial y por tanto, el desalojo se realizaría con efectivos de la fuerza policial. Siempre y cuando no lleguen a un acuerdo antes.
El “brazo represor”
De acuerdo a Pablo Cucchia, delegado de ATE en el IPJyC, “la intervención de la municipalidad representa una intromisión en una cuestión que compete a los trabajadores y el Gobierno provincial”. “Si bien es algo que ocurre en su departamento, el intendente busca convertirse en el brazo represor que sofoca la protesta”, agregó.
Cucchia, adelantó que como respuesta a la judicialización de la protesta, “desde ATE vamos a presentar un habeas corpus a la justicia para que intermedie y se avance en una solución real de este conflicto, próximo a cumplir 40 días”.
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