El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la nueva Ley de Juegos y Sorteos, uno de los temas que no se había podido tratar en por lo menos cuatro legislaturas.
Con la nueva legislación, se abre por completo los tipos de juegos con apuesta, al acabar la restricción de los juegos de cartas, ruletas y dados, por ejemplo.
Además, se regula la modalidad de las máquinas tragamonedas, que han sido motivo de controversias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
El dictamen a discusión señala que hay un cambio de paradigma, pues el Estado podrá asumir el papel de rector en la materia y ejercerá facultades claras de regulación, inspección, vigilancia y sanción, eliminando elementos de discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos.
El pleno de la Cámara de Diputados inició la discusión de la nueva Ley de Juegos y Sorteos, uno de los temas que no se había podido tratar en por lo menos cuatro legislaturas.
Con la nueva legislación, se abre por completo los tipos de juegos con apuesta, al acabar la restricción de los juegos de cartas, ruletas y dados, por ejemplo.
Además, se regula la modalidad de las máquinas tragamonedas, que han sido motivo de controversias entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
El dictamen a discusión señala que hay un cambio de paradigma, pues el Estado podrá asumir el papel de rector en la materia y ejercerá facultades claras de regulación, inspección, vigilancia y sanción, eliminando elementos de discrecionalidad en el otorgamiento de los permisos.
También se reconoce la participación de operadores de los permisos y aunque será el responsable de la operación de un establecimiento, no tendrá responsabilidad sobre el manejo del mismo.
En las sanciones que se contemplan por faltas graves, los permisionarios podrían tener como castigo la clausura definitiva del casino y pagar como multa hasta 13 millones 400 mil pesos.
Los servidores públicos que ilegalmente permitan la operación de un permiso podrían ser sancionados con 3 a 10 años de prisión, y la inhabilitación en cargos públicos por 10 años.
Incluso, se prevé la sanción para los asistentes a los casinos que acusan a un establecimiento ilegal «a sabiendas» que no tiene el permiso correspondiente. En estos casos se prevén de 6 meses a dos años de trabajo comunitario.
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