EN URUGUAY DESESTIMAN DENUNCIAS CONTRA FUNCIONARIOS
La jueza Fanny Canessa no hizo lugar al pedido de procesamiento de la Fiscalía contra el ex intendente Mariano Arana, la ex secretaria general María Julia Muñoz y el ex director de Desarrollo Económico, Alberto Rosselli. El fiscal Diego Pérez evalúa apelar el fallo para que un tribunal de apelaciones decida. Tiene cinco días para hacerlo y es el escenario más probable.
Pérez había acusado a los ex jerarcas municipales de cometer delitos de abuso de funciones, concusión (coima) y fraude. Los encontró responsables, junto con el ex director de casinos, Juan Carlos Bengoa (procesado en 2007), de la estrategia por la cual se pasó a arrendar máquinas tragamonedas con pérdidas millonarias para la IMM y ganancias para los empresarios. Sin embargo, la jueza Canessa concluyó en el fallo, al que accedió El Observador, que los ex jerarcas no cometieron delito, porque no conocían las maniobras de Bengoa. A juicio de Canessa delegaron, hicieron confianza y fueron engañados.
En un extenso fallo de 84 páginas, la jueza refutó con dureza los argumentos del fiscal y sostuvo que “cualquier responsabilidad que se pretenda imputar exige en forma insoslayable probar debidamente la existencia de dolo, concierto criminal, plan de autor y dominio del hecho, extremos todos ellos”, que no se probaron.
Canessa dijo que el dictamen del fiscal tiene “incongruencias”, “contradicciones”, “equivocaciones”, que está “parcializado” y que busca “incriminar” a los ex jerarcas “sin pruebas”.
La jueza aseguró que “no es posible advertir, qué motivos podían tener Arana, Muñoz y Roselli para “engañar” a la Administración (…) sin obtener personalmente, ningún beneficio o provecho”.
En cambio, el fiscal había opinado que los ex jerarcas estaban al tanto de todo lo hecho por Bengoa. Para ello se basó en dos resoluciones y una nota, de diciembre de 2001 y marzo de 2002, en las que Bengoa les informaba de la refacción del Parque Hotel, y en las que los jerarcas resolvían contratar slots a empresas con abultadas ganancias.
Fraude y concusión
A criterio de Canessa, no resultan de la nota, elementos que permitan afirmar que Arana y Muñoz conocían el plan de Bengoa y su equipo. “Una cosa era conocer y compartir, la estrategia (…) y muy otra, que conocieran cómo Bengoa iba a llevar a cabo dicha estrategia, como la iba a instrumentar o ejecutar”.
“Tampoco puede compartirse, la afirmación del Ministerio Público según la cual, fue engañada la Administración (de ahí el fraude), pero no los indagados”, dijo.
Agregó que la secretaria general no tiene potestades jerárquicas sobre un director como Bengoa. Insistió en que los jerarcas hicieron confianza en un “profesional contador con competencia técnica calificada”.
El fallo señaló que Arana no mantuvo “vínculo, reunión o entrevista con los empresarios que realizaron la obra, a los que no conocía, ni sabía quienes eran”. “Con Muñoz ocurrió lo mismo”, acotó.
El fallo marcó una diferencia con respecto a Roselli. “Siempre admitió estar al tanto de la obra que se estaba realizando y además, firmó las notas de agradecimiento a los empresarios”, dijo. Sin embargo, opinó que la forma de recolectar el dinero fue “responsabilidad exclusiva” de Bengoa y no tendría lógica que Roselli hubiera “participado dolosamente de una concusión (coima)” y después documentara, añadió.
Abuso de funciones
Para imputar el abuso de funciones el fiscal se basó en dos resoluciones de Arana, con participación de Muñoz y Roselli, por las cuales la IMM arrendó máquinas al empresario Carlos Mautone y al Hotel Oceanía con ganancias abultadas y que a juicio de Pérez constituyeron actos arbitrarios en perjuicio de la administración. Canessa señaló que en este tema el fiscal “tomó como un hecho” y “sin fundamento alguno” algo que Bengoa dejó deslizar para aminorar su responsabilidad. “Si Arana hubiera querido favorecer a Mautone no hubiera llamado a Bengoa sino que lo habría mantenido al margen de todo”.
Si Pérez apela el tribunal que estudiará el caso, será el de primer turno, desintegrado por el procesamiento de la jueza Anabella Damasco. Los ministros Alberto Reyes y Sergio Torres aguardan que la Corte designe al sustituto. Para el cargo suenan los jueces Graciela Gatti, Rolando Vomero y Gabriela Merialdo.
Canessa tuvo recientemente dos encontronazos con tribunales de apelaciones que le revocaron dos fallos, el procesamiento de la directora del CNR y la liberación del óptico Juan Mariño. También es la jueza del caso Nin Novoa, para quien pidió el desafuero que el Parlamento rechazó.
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