La sala de juegos fue intervenida por el Instituto del Juego. Versiones de pesquisas por operaciones de lavado de dinero.
Una oscura disputa de intereses que incluye a ciudadanos rusos y empresarios locales terminó con la intervención del casino Winland en la localidad mendocina de Guaymallén y rumores de investigación por presuntas operaciones de lavado de dinero sobre las empresas Zulú y KLP, encargadas de la gestión de la casa de juegos.
La historia de KLP parece salida de una novela. La empresa está conformada por dos sociedades. Por un lado aparece Grupo 5, propiedad de Rafael Augusto Garfunkel y Pablo Goldszier. Por el otro surge Promotora, una empresa que pertenece a los inversores rusos Oleg Starovoyt, Alexander Oseev, Vladimir Yurin y Serhiy Dolhanov, que habrían invertido más de 20 millones de dólares destinados al funcionamiento del casino ubicado en el hotel Intercontinental de Guaymallén.
En el entuerto se suma la gerenciadora Zulú, conformada por Luis Olivares y Zunilda Torres, encargada de la administración del casino. Pero la disputa por la caja entre los socios, regada por denuncias de irregularidades, fraudes varios y desvíos de fondos; terminó con la intervención de la justicia mendocina en septiembre pasado.
El Instituto de Juegos de la Provincia, emitió un dictamen por el que impuso como único autorizado a operar la sala a KLP. Sin embargo, los accionistas minoritarios (de origen ruso) hicieron reserva de derechos ante el juzgado Civil 21 donde buscan desplazar a Rafael Garfunkel y Pablo Marcelo Goldszier de la conducción de KLP.
Es que, según fuentes del sector, los rusos Starovoyt, Oseev, Yurin y Dolhanov acusan a Rafael Garfunkel y su socio por presuntas maniobras de estafa, lo que los llevó incluso a intentar recuperar parte de la recaudación de las máquinas tragamonedas por la fuerza.
Según las fuentes, los rusos invirtieron en el emprendimiento 22 millones de dólares que ingresaron al país de la manera legal, pero ahora les reclaman a sus socios porque sostienen que hubo maniobras para incrementar de manera ficticia los gastos y hacer desaparecer parte del dinero.
Para colmo de males, la empresa KLP mantiene una deuda multimillonaria, que tendría como garantía el hotel de la cadena Melía, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
El 19 de diciembre pasado, luego de varios días de conflicto, la justicia mendocina hizo lugar a un planteo de los trabajadores y ordenó la reapertura del casino y que la empresa haga frente a la deuda por los salarios caídos. Mientras tanto, la pelea de fondo –y el escándalo– siguen en pie hasta la resolución final.
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