El funcionario justificó los acuerdos del Casino estatal con la firma Mendoza Central Entretenimiento y que el convenio «sigue vigente». Aseguró que la Tómbola Combinada no genera gastos para el Estado.
Carlos Bianchinelli, el titular del Instituto de Juegos y Casinos, acudió a la Legislatura para defender los acuerdos que la Provincia mantiene con el grupo Vila-Manzano en materia de juego. En esa línea, aseguró que la Tómbola Combinada es un negocio donde el Estado gana plata sin afectar recursos y además dio por cerrado el conflicto por el polémico contrato de los tragamonedas, a pesar de los reveses que recientemente debilitaron este convenio, como la no homologación de la Corte, las multas del Tribunal de Cuentas y la denuncia de ATE a Delitos Complejos.
El funcionario se reunió esta mañana con los legisladores que integran la comisión de Juego de la Cámara Baja, donde buscó saldar dudas de los diputados y aportar documentación sobre la relación contractual que el holding mediático mantiene con el Estado provincial.
En esa línea, Bianchinelli defendió la renegociación de las máquinas tragamonedas que encaró con Mendoza Central Entretenimiento SA, firma vinculada al grupo económico, luego de que heredara una «papa caliente» de las gestiones de Daniel Pereyra -que inició la prórroga- y Nidia Martini -que no supo resolverla a partir de los cuestionamientos públicos y terminó renunciando-.
La provincia llegó a esta renegociación para evitar un reclamo judicial por parte de MCE, debido a que el contrato firmado con Pereyra no se implementaba. El nuevo acuerdo contemplaba una rebaja en el canon de alquiler de las máquinas -que pasó del 47 al 43 por ciento, cuando antes cobraba un 26 por ciento- y una extensión de la prórroga a 8 años.
El titular del IPJC consideró que “es un tema que ha llegado a su final” y que «el convenio está en plena vigencia». Y recalcó que si bien la Suprema Corte de Justicia no homologó -algo que buscaba el Gobierno para validar institucionalmente el contrato- «en ningún lado manifiesta que el acuerdo no esté vigente».
Para contrarrestar el efecto negativo en el dictamen de la Corte, Bianchinelli recordó que otras instancias el contrato con MCE había sido validado, entre ellos, por el procurador Rodolfo González y el Fiscal de Estado Joaquín de Rosas -actualmente suspendido y con un jury pendiente por los sobreprecios que validó también al Grupo Vila-Manzano por las tierras expropiadas de Divisadero Largo-. A su vez, sostuvo que también obtuvo el visto bueno de dos organismos de control, Auditoría Interna y la Sindicatura del Casino.
Sin embargo, el radical Daniel Di Martino manifestó que «la duda nuestra es porque ambos organismos dependen del Casino y no se hizo un pedido a ningún organismo externo del Casino», entre ellos, la Fiscalía de Estado.
Con la baja del canon a MCE, Bianchinelli agregó como logro de su gestión que ahora el Estado percibe unos 350 mil pesos más por parte de la firma.
Con todo, Bianchinelli todavía tiene pendiente -en calidad de responsable de las políticas de juego- una denuncia ante la Fiscalía de Delitos Complejos que, si bien apunta a su antecesor Daniel Pereyra, también lo alcanza.
A eso se suma que Fiscalía de Estado, bajo la conducción interina de Javier Fernández, sigue con la investigación de los términos en que Pereyra hizo el acuerdo con la firma de Alfredo Vila.
Aseguran que el Estado no pone un peso en la Tómbola Combinada
Por otra parte, una de los principales interrogantes que se le presentaron a la Comisión Especial de Juegos era los términos en los que se firmó el contrato con la Tómbola Combinada, qué beneficios reporta el mismo a la provincia, y por cuánto tiempo se extiende.
“Sabemos que el sorteo se hace una vez por semana en la televisión y poco más. Pedimos que se nos informara que beneficios le trae a la provincia y hasta cuándo se extenderá la vinculación”, señalo el presidente de la Comisión, el legislador radical Héctor Quevedo.
Bianchinelli aportó el contrato original firmado con el grupo Vila-Manzano y aclaró que la Provincia se queda con el 15 por ciento del total de la recaudación del programa televisivo, pero que el Estado no afronta ningún tipo de gasto. “El Instituto lo único que hace es prestar el nombre para la instrumentación del juego, pero todo lo que hace al sorteo, la recolección, la emisión de los tickets, el personal afectado y la transmisión televisiva, corre por el lado de la empresa”, remarcó.
Para ejemplificarlo en número concretos. En 2011 -al término de su primer año-, la recaudación total de este juego fue de 40.423.000 pesos. De esta suma, el grupo Vila-Manzano se quedó con 12 millones y medio, aproximadamente, de ganancia; para los agentes que distribuyen y venden el cartón, el saldo fue de 4 millones de pesos. Se repartieron otros 16 millones en premios.
El saldo hasta octubre de 2013, indica que la recaudación total de la Tómbola Combinada ha sido de 33 millones 600 mil pesos. La empresa obtuvo un margen de 10 millones 415 mil pesos; los agentes, 4 millones y se repartieron 11 millones en premios.
En tanto, el Instituto de Juegos y Casinos se quedó en 2011 con unos 6 millones y en 2013 con cinco.
Si bien el diputado Quevedo destacó la actitud del nuevo director del Instituto de Juegos y Casinos, aclaró que todavía deben examinar las 1.000 fojas del expediente acercado por el funcionario a la Casa de Las Leyes. “Estamos conformes con lo que hemos escuchado, pero no hemos tenido tiempo para analizar en detalle los documentos”, aclaró.
Di Martino mantuvo en guardia sus interrogantes. «Dijo que es un negocio excepcional para el Estado. Pero teníamos dudas porque la norma dice que todo juego nuevo debe ser creado por ley y ellos argumentan que no la necesitan porque fue creado a partir de otro juego, y porque el privado se hace cargo de todo. Queremos ver realmente cómo es el tema», comentó el legislador.
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