La Fiscalía de Estado no declaró la nulidad de la concesión pero le dará al Ejecutivo la potestad de prorrogar el acuerdo.
El polémico caso desatado a partir de las denuncias por irregularidades en la renegociación de los ingresos de las máquinas tragamonedas que firmaron en julio del 2011 el entonces titular del Instituto de Juegos y Casinos, Daniel Pereyra, y las firmas concesionarias privadas, entre las que figura Mendoza Central Entretenimiento (MCE, vinculada al grupo Vila-Manzano), cambió de rumbo luego del dictamen de la Fiscalía de Estado que, si bien no determinó la nulidad del contrato, le otorgó la potestad al Ejecutivo de prorrogar o no el acuerdo.
Para el fiscal de Estado, Javier Fernández, la cláusula que habilitaba a la empresa a renovar el contrato sólo con su consentimiento es lesiva y debe ser modificada o considerada nula. Esa facultad no puede delegársele jamás a un privado, sino que es el Estado el que debe tomar la decisión y, además, fundamentarla. Tal como está esa cláusula, no sólo es arbitraria, sino que carece de todo tipo de explicación lógica sobre por qué se le daban a la empresa tantas atribuciones.
Además, envió un claro mensaje a la Legislatura y, en especial, a las comisiones que deben estar a cargo del control de todo lo que ocurre en los casinos de Mendoza. Es allí donde se debe decir si hubo un daño a la Provincia con este contrato que lleva a 47% el canon de ganancia para Mendoza Central Entretenimiento. Y, de ser así, ahí sí mostrar las pruebas y los argumentos y formalizar una denuncia. Ahora, con las cartas a su favor, deberá ser el titular del organismo que controla el juego legal de la provincia, Carlos Bianchinelli, quien demuestre la voluntad política necesaria para renegociar el contrato de concesión de las tragamonedas. El tiempo comenzará a correr hoy, cuando las partes involucradas sean notificadas por la Fiscalía de Estado.
En su momento fue el propio titular del instituto quien se desligó de la figura de Daniel Vila al expresar: «No me ata nada al empresario, lo que nosotros no queremos es perjudicar a la Provincia». Si bien en julio del 2011 la renovación del contrato que favoreció a los privados llevó el canon de 26 a 47 por ciento –hecho por el cual las empresas se comprometieron a colocar 200 máquinas más– actualmente, el Instituto de Juegos y Casinos paga 40,09 por ciento de lo renegociado.
La decisión fue tomada por el propio Bianchinelli, quien decidió pagar una de las dos facturas que mensualmente presenta Mendoza Central Entretenimientos, mientras esperaba el dictamen de la Fiscalía de Estado.
Lo que ocurría es que, mes tras mes, MCE presentaba dos boletas, una por 40 por ciento de comisión (correspondiente a la segunda etapa del contrato) y otra por 7 por ciento extra (tercera etapa). Por lo tanto, mientras las autoridades esperaban el desenlace a partir de la investigación realizada por el fiscal subrogante Javier Fernández, se decidió abonar sólo la segunda etapa.
El otro asunto gira en torno a los ingresos que recibe y destina el organismo. Las denuncias y las sospechas son varias, están teñidas de diversas irregularidades y hasta dejan entrever que el Estado perdió dinero por los acuerdos establecidos con el grupo Vila-Manzano. Sin embargo, desde la propia Fiscalía de Estado señalaron en varias ocasiones que la tarea a la que estaban abocados está en la necesidad de estudiar si el contrato de concesión es legal y no en ocuparse del dinero que se le podría estar fugando a la Provincia.
Son varios los hechos que han despertado sospechas sobre lo que ocurre en el Instituto de Juegos y Casinos, pero, de alguna manera, el organismo quedó en el ojo de la tormenta luego de la denuncia realizada por Alejandro Campos (ATE) y Orlando Sánchez, las dos personas que acusaron a el ex gerente de Tragamonedas Ricardo Figueroa y al asesor legal del Instituto, Ítalo Pappalardo, de favorecer a las firmas privadas concesionarias, a través del incremento del canon que, según la presentación, se podría haber evitado.
En este sentido, Campos se refirió a los ingresos: «El fiscal de Estado debe fijarse y priorizar el patrimonio de la Provincia, más
allá de la legalidad».
Según lo expresado por los denunciantes, además de Figueroa y Pappalardo, el ex titular de Juegos y Casinos Daniel Pereyra fue, en
definitiva, el que firmó el controversial contrato. Eso ocurrió en julio del 2011 y desató una serie de polémicas que, incluso, llevó al hoy suspendido fiscal de Estado Joaquín de Rosas al Jury de Enjuiciamiento por mal desempeño de sus funciones.
El ex funcionario fue acusado, entre otras cosas, por favorecer al grupo Vila-Manzano en el caso de las tragamonedas y por la diferencia en el pago de expropiación de terrenos de Divisadero Largo.
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