22/06/2023 08:47 hs
El ex jugador del Vila Nova conocido como Romário apuntó también contra deportistas de Cruzeiro, Santos y Atlético-MG.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), establecida en la Cámara de Diputados, tuvo esta semana una nueva sesión de trabajo. Y por primera vez, el recinto recibió a uno de los jugadores investigados en el caso conocido como Operación Máximum II u Operación Pena Máxima, llevado adelante por el Ministerio Público de Goiás.
Se trata de Marcos Vinícius Alves Barreira, exjugador de Vila Nova y más conocido como Romário. Su nombre fue uno de los primeros que cayó. Al cierre de mayo, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) había decidido de manera unánime expulsar del fútbol a Romário, quien fue señalado como sospechoso en la primera acción del caso. Además, el deportista de 21 años deberá pagar una multa de R$25.000 (USD4.966).
En ese entonces, Romário recibió una sanción mayor respecto de otros jugadores. Y en la condena se explicaron los motivos: “Además de aceptar participar en el esquema, trató de involucrar a otros atletas, como Gabriel Domingos”.
En la sesión realizada esta semana en la Cámara de Diputados, Romário señaló que jugadores de equipos como Cruzeiro, Santos, Atlético Mineiro y Avaí estarían involucrados en el esquema de manipulación del juego en el fútbol brasileño.
Asimismo, el futbolista declaró que no ganaba dinero para influir en el resultado de los juegos. Sin embargo, pasó el contacto de otro jugador del Vila Nova (su ex equipo), Gabriel Domingues, con uno de los reclutadores. Al momento, Domingues fue suspendido por 720 días y multado con R$15.000 (USD2.979)
“Me hicieron la propuesta y la rechacé. Mi error fue pasarles el número de Gabriel Domingues”, dijo. “No de Goiás, no. Pero en otros estados, sí. [De] jugadores no mencionaron nombres, pero hablaron de clubes. Cruzeiro, Avai, Santos y, en su momento, Atlético Mineiro. Incluso hablaron y me enviaron un video de los muchachos haciéndolo por ellos”, agregó.
En esa línea, Romário explicó que Gabriel Domingues no pudo desempeñarse con regularidad porque no fue incluido en entre los 11 jugadores titulares en el partido en cuestión. Y dijo que, posteriormente, uno de los integrantes de la banda lo amenazó: “Vino a cobrarme la apuesta de R$ 500.000 (USD 104.524). Dije que no podría pagar por algo que no hice, y luego comenzaron sus amenazas. Hay huellas, videos de él amenazando, amenazando a mi familia”.
A su vez, Romário confesó que le había contado la situación al presidente de Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, pero no le habrían aconsejado denunciar el caso. Y una semana después dijo que le rescindieron el contrato.
Habeas corpus: un jugador no se presentó ante la CPI
Otro de los jugadores que había sido invitado a la sesión en la Cámara de Diputados era el defensor Eduardo Bauermann, del Santos. Sin embargo, fue excusado y no asistió, a partir de un habeas corpus que le concedió el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.
Eduardo Bauermann fue juzgado por la 4ª Comisión Disciplinaria del STJD (Tribunal Superior de Justicia Deportiva) el 1 de junio. En su momento, recibió la sentencia más leve entre los jugadores involucrados en el esquema: fue suspendido por 12 partidos. Sin embargo, se mantiene alejado por tiempo indefinido de las actividades del club Santos, a la espera del desarrollo de las investigaciones en el fuero común.
Agenda de trabajo
El objetivo de la Comisión Parlamentaria de Investigación es recopilar testimonios y pruebas con el fin de esclarecer el caso conocido como Operación Máximum II y avanzar en la regulación de las apuestas deportivas en Brasil. En esa línea, la semana, el grupo de trabajo aprobó la convocatoria de más de 40 personas para declarar.
El CPI tiene a Felipe Carreras (PSB-PE) como ponente y a Julio Arcoverde (PP-PI) como presidente. Según la agenda definida, habrá reuniones, audiencias, misiones oficiales y otros trámites hasta el 13 de junio. Del 18 al 31 del mismo mes, los diputados estarán en receso. Posteriormente, se reanudarán las actividades hasta que se finalice el trabajo de la CPI, previsto para finales de septiembre.