Entre los retos que tiene que asumir Codere Italia en los próximos meses está el lidiar con la ley que pretende que las administraciones locales reduzcan el número de slots y terminales de lotería y apuestas en los distintos puntos de venta de sus respectivas zonas.
El recurso presentado por empresas como Codere pretendía evitar de forma inmediata la decisión del Gobierno Italiano de obligar a los operadores de slots y terminales VLT.
Recordemos que el juego presencial, en slots y terminales de lotería y apuestas VLT dependen de las administraciones locales (Comune) y que el Gobierno Italiano ha aprobado recientemente una ley que busca reducir las concesiones a nuevos operadores así como reducir la red de máquinas tragaperras y terminales de lotería con las que cuentan empresas que ya operan en la actualidad.
Los afectados, como Codere habían presentado un recurso para suspender esta decisión que supondría como mínimo reducir un 15% el número de terminales, aunque será la fórmula para poner en práctica esta reducción, la que más preocipa a los operadores ya que en algunos territorios la decisión podría significar el eliminar un número fijo de máquinas. El recurso de CODERE tiene que ver con el hecho que desde que se emepezó a desarrollar este nuevo decreto (especialmente desde Julio de 2017), la empresa ha aumentado significativamente su cuota de mercado en estos productos (máquinas slot y terminales de apuestas) y como los otros operadores se esperaba que la reducción del número de terminales se hiciera en base a la situación a 31 de diciembre de 2016, fecha en la que se redactó y aprobó la ley. Desde esa fecha, Codere ha adquirido y ha pasado a gestionar unos 2500 terminales y el Gobierno parecía iba a autorizar que CODERE mantuviera la totalidad de esas máquinas. Lo mismo ha sucedido con otras empresas como por ejemplo Netwin.
Por ahora, la decisión se traslada al 19 de abril, fecha en la que el Consejo de Estado analizará este controvertido punto de la ley y lo examinará detenidamente para llegar a una decisión que no afecte a las estrategias comerciales de los operadores y que se ajuste a la interpretación más adecuada de la ley.