El Gobierno de Mendoza, el sindicato y la Justicia avanzan con sus estrategias, visiones y acusaciones cruzadas.
El debate por los cambios en el convenio colectivo de trabajo de los empleados del Instituto de Juegos y Casinos no terminará en la aprobación de la Cámara de Diputados de Mendoza, sino que seguirá creciendo en los fueros judiciales con una nueva presentación del sindicato y una nueva respuesta legal del Gobierno, más allá del primer capítulo de la contienda que ya se tramitó en la Quinta Cámara Laboral. Allí el sindicato ganó su primera batalla sobre la reincorporación de los 80 empleados temporarios despedidos en enero pasado.
En ese fallo quedó determinado que los trabajadores ya son de planta, de acuerdo con lo que fue firmado en paritarias entre el sindicato y el gobierno de Francisco Pérez en 2015. En ese caso, el Gobierno apeló ante la Suprema Corte, dónde todavía no han decidido sobre la cuestión de fondo.
No obstante ello, el decreto de homologación de esa paritaria, Nº2026/15, fue enviado el 9 de agosto pasado por el gobierno de Alfredo Cornejo a la Legislatura para su ratificación, pero rechazando alguno de los puntos de ese acuerdo por considerar que avanzaban sobre las facultades de administración que tiene el Gobierno y por entender que el Poder Legislativo tiene la potestad para revisar los convenios colectivos, aún después de su homologación y publicación en el boletín oficial.
Los argumentos
El argumento del Gobierno está basado en que el acuerdo paritario del Casino viola las normas que regulan el funcionamiento de ese ámbito, en el marco de las leyes nacionales 14.250 y la 24.185, más el decreto provincial 954 dictado en 2004, durante la gestión de Julio Cobos, cuando se reabrieron las paritarias en el sector público y Alfredo Cornejo era ministro de Gobierno. Básicamente, se interpreta que mientras en el sector privado prevalece lo pactado entre los trabajadores y la patronal, en el sector público eso cuenta también, pero siempre y cuando no perjudique la función esencial de prestar un servicio.
Por eso, el corte «quirúrgico» que quiere hacer el Gobierno sobre lo convenido en paritarias tiene que ver con cambios en los artículos 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 y 22 del CCT de Juegos y Casinos, en los cuáles, entre otras cosas, se establecía la obligación del Gobierno de informar mensualmente a los sindicatos de las alteraciones de la situación de revista y/o condiciones de trabajo que puedan alterar los derechos de los trabajadores, como horarios, jerarquía, etc.; deja sin efecto la posibilidad de que si un empleado fallecía, su familiar directo puede ingresar sin concurso en su remplazo; también deroga incisos sobre licencias por razones particulares, o gremiales. Asimismo, se solicita no dar lugar a que el sindicato pueda participar en las decisiones sobre el acceso a cargos y procesos de ascenso a través de la formación de una Junta de Admisión, como la discusión del salario a cargo de la Comisión Permanente de Interpretación del Salario.
Lo que vendrá
Con este escenario, en Casa de Gobierno ya esperan los embates judiciales del sindicato y están preparándose para ello casi con entusiasmo para demostrar el punto en cuestión. En tanto, en Diputados, la ratificación del convenio colectivo con los cambios introducidos será ley, a pesar de que la oposición – Frente para la Victoria, FIT y el voto del aliado massista Guillermo Pereyra– se lo niegue al oficialismo. Sólo tiene que apelar a la técnica legislativa prevista para estos casos: el proyecto tiene preferencia para su tratamiento para el miércoles próximo, pero se espera que la sesión fracase otra vez por falta de quorúm como sucedió ayer con la sesión especial. Estas sesiones especiales pueden llamarse otra vez dos veces más, es decir, que si vuelven a fallar, recién en la cuarta sesión especial se puede aprobar sólo con la tercera parte de los legisladores.
Las reacciones
El malestar del gobernador Alfredo Cornejo no se hizo esperar y tildó de «mamarracho» el acuerdo firmado en paritarias del Casino. Además, criticó la posición de Guillermo Pereyra, que decidió no asistir a la sesión de Diputados, dónde finalmente la sesión cayó por falta de quórum, ante el faltazo conjunto del peronismo y la izquierda. Para el mandatario, el acuerdo contemplaba que «el sindicato se dejaba para sí la potestad de incorporar personal y les daba a empleados temporarios estabilidad sin rendir concurso. Es un convenio de privilegio». Y agregó » el Vea no le permitiría a Pereyra designar sus repositores o cajeros, lo haría el supermercado».
Sobre el tratamiento legislativo, Cornejo consideró que «no hay necesidad de dilatarlo si se va a aprobar igual. La dirigencia política le tiene temor al sindicalismo, del sector público, pero yo no, por eso muchos dicen cosas en privado pero no se animan a enfrentarlos».
Pereyra, luego de la sesión caída, volvió a repetir que su ausencia en el recinto se debía a que «es muy grave lo que se quiere hacer con el convenio del Casino, y por eso no acompañé». Además, agregó «hay que poner en valor el disenso, la Legislatura no es una escribanía». Y por supuesto negó que su decisión signifique un quiebre en el frente Cambiemos.
En tanto, desde el sindicato, Martín Caín advirtió de que «si sale así de la Legislatura, vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Justicia. El Gobierno, en lugar de haber hecho todo esto, debió esperar la decisión de la Corte».
En resumen
-La sesión especial llamada para ratificar el convenio colectivo se cayó por falta de quórum
-No bajaron al recinto el FPV, el FIT y el massismo. Se oponen a la modificación del convenio colectivo a través de la supresión de varios artículos del mismo, acordado en paritaria
-El viernes a las 9 habrá otra sesión especial, luego dos sesiones más. Si todas fracasan, en una cuarta se vota sólo con los presentes
-El sindicato irá a la Justicia y el Gobierno responderá.