El gobierno busca la ratificación para eliminar cláusulas claves que acordó Pérez en noviembre con los trabajadores del IPJyC.
Este martes se trató en la Legislatura la ratificación del convenio colectivo de trabajo de los empleados del Instituto de Juegos y Casinos. La iniciativa fue aprobada por 19 votos a favor y 17 en contra, ahora deberá ser tratada en Diputados.
«Si bien fue objeto de homologación, supeditada a ratificación de ese honorable cuerpo, no se puede dejar de advertir la existencia en autos de informes jurídicos y contables, que no existieron al momento de dicha homologación y que marcan cuestiones vinculadas con la legalidad del acuerdo arribado en la mesa paritaria», reza parte del convenio aprobado por los legisladores y enviado por el Ejecutivo.
Otra parte del acuerdo detalla lo siguiente: «El Poder Legislativo es competente para revisar los acuerdos paritarios o convenciones colectivas celebrados en uso de la delegación legislativa realizada oportunamente, es que el presente proyecto, si bien propicia la ratificación en general del convenio colectivo, incluye el rechazo en particular de las cláusulas pactadas en contra de dicha autorización legislativa y que avanzan sobre la idoneidad como condición de acceso al cargo público, la organización de la administración y su facultad de dirección, cuestiones incluidas en la prohibiciones previstas en la Ley 24185 (art. 8)».
El presidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Marcelo Rubio (UCR) fue el miembro informante para brindar los detalles de la normativa. «Como presidente de LAC, tratamos el expediente enviado desde el Poder Ejecutivo, entendimos pertinente escuchar a los trabajadores del Instituto de Juegos y Casinos para que hicieran las propuestas correspondientes. El Ejecutivo envía el decreto con modificación en las relaciones de empleo, como Poder Legislativo tengo que resaltar una tarea fundamental es realizar el control administrativo a cualquier acto del Ejecutivo», detalló.
En tanto, Víctor da Vila (FIT) explicó su postura frente a esta propuesta del Ejecutivo. «Hay que empezar a decir las cosas por su nombre, es el cierre de un capítulo de una conquista de los trabajadores como es el caso de las paritarias, que es suerte de negociación entre la patronal y los empleados a través de sus miembros paritarios. Se está vetando las condiciones más favorables para los trabajadores», precisó.
Luis Bohm (FPV-PJ) exhibió su descontento diciendo: «Es mi día más triste desde que ocupo una banca en este Senado».
«Es un hecho inédito que marca el camino que quiere seguir tanto el gobierno nacional como provincial, el convenio colectivo es fuente de regulación del contrato de trabajo», comentó por su parte Guillermo Amstutz (Unidad Popular).
Asimismo. Noelia Barbeito (FIT) se mostró en desacuerdo ante la iniciativa planteada en el recinto durante la sesión. «Hasta el 12 de agosto se estuvo en mesa de negociación y ahora meten unilateralmente este convenio a la Legislatura. Los trabajadores han sufrido las consecuencias del ajuste en nuestra provincia. Quieren citar un precedente y de esta manera poder terminar con lo que no les guste con los convenios colectivos de trabajo», aseguró la legisladora.
De acuerdo a lo expresado por Juan Carlos Jaliff (UCR), «no es un capricho que tiene que ver con una decisión política de Cornejo, fue una decisión política del anterior gobernador. El propio Francisco Pérez determinó que no tuviera efecto jurídico inmediato».
Por otro lado, Juan Antonio Agulles (FPV-PJ) aseguró: «Nosotros tenemos que ratificar aceptar o rechazar el acuerdo paritario, no podemos modificarlo. Esto es ámbito de la subsecretaría de Trabajo», subrayó.
Patricia Fadel (FPV-PJ) adelantó el voto negativo del bloque que ella preside. «Esto va a traer graves problemas institucionales, no estamos ratificando el decreto, estamos haciendo otra cosa. Nosotros somos respetuosos de todo convenio colectivo. De ninguna manera vamos a aprobar esto».
Qué cambiaría
El gobernador Alfredo Cornejo envió un decreto para eliminar cláusulas clave acordadas durante los últimos días de la gestión de Francisco Pérez.
Con las modificaciones se deroga la obligación que tiene el gobierno de informar a los sindicatos todos los meses las alteraciones de la situación de revista.
Cornejo también puso objeciones a la posibilidad de solicitar licencia gremial cobrando la totalidad de los haberes, así como la de solicitar licencias por razones particulares sin goce de sueldo.
También se deja sin efecto la posibilidad de que en caso de que un empleado falleciera, el familiar directo que cumpliera con las condiciones pudiera ingresar de forma directa en su remplazo, sin la necesidad de ir a concurso.
Finalmente, el Convenio Colectivo de Trabajo de los empleados del Instituto provincial de Juegos y Casinos de Mendoza fue ratificado por la Cámara Alta y ahora será tratado por Diputados para su debate definitivo.
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