Hoy se aprobará a nivel de la comisión de Hacienda de Diputados, la ley que remitió el gobierno al parlamento en la que se prohibirán las máquinas tragamonedas administradas por agentes privados y que se encuentran en locales comerciales no autorizados para las mismas como kioscos, almacenes o clubes deportivos.
Desde hace años que desde el oficialismo como desde la oposición se han escuchado voces alertando sobre la proliferación de máquinas tragamonedas o slots en lugares no habilitados para ello. Se ha denunciado además que los equipos son operados por agentes que no han sido identificados y que se duda sobre su legalidad.
En el proyecto de ley que hoy se aprobará en Comisión y que ingresará al plenario de Diputados a la brevedad, se recuerda que en nuestro país los juegos de loterías y las quinielas en sus diversas modalidades se encuentran explotados o regulados por la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, mientras que los juegos de ruleta, punto y banca, caballitos, dados, Black Jack, bingo y máquinas tragamonedas son explotados por la Dirección General de Casinos en base a “regulación propia”. La modalidad de ejercicio de la explotación y el monopolio de los juegos de azar y su contralor, no ha sufrido en las últimas décadas ningún cambio institucional que le permita adaptarse a los nuevos desafíos o a los nuevos requerimientos que se plantean desde los consumidores, los explotadores y los ciudadanos en general se sostiene en la argumentación.
El proyecto de ley pretende constituir un “marco integral” en el que, además de explicitar los principios de acción del Estado en la materia, “reorganice la institucionalidad distinguiendo claramente las funciones de regulación, control y fiscalización de la explotación directa del juego por parte del Estado”. La propuesta supera la situación actual en la que los diferentes roles se confunden institucionalmente, “perturbando la especificación de objetivos, la gestión y la consiguiente rendición de cuentas”, considera.
El gobierno pretende con esta iniciativa ratificar el monopolio del Estado sobre los juegos de azar y apuestas, incluyendo casinos, actividades hípicas, loterías y quinielas en sus modalidades y juegos derivados y los juegos de azar a través de las tecnologías informáticas, telefónicas o en general ejecutados a distancia o por medios telemáticos. Crea también un órgano de contralor que regulará y fiscalizará todo lo relativo a las prohibiciones o autorizaciones de explotación de juegos de azar, así como sancionar administrativamente a los infractores. También instala una institucionalidad “capaz de ejercer directamente la explotación del monopolio del juego por parte del Estado en todas sus modalidades como Servicio Descentralizado.
La ley mantendrá el régimen actual de agentes autorizados agrupados en las Bancas de Cubiertas Colectivas para la explotación de los juegos de azar.
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