Tras denuncia de los trabajadores, el caso lo investiga Crimen Organizado
El director general de Casinos, Javier Cha, defendió su actuación en el caso de la compra de diez slots por el que fue citado a declarar ante el juzgado de Crimen Organizado ante una denuncia presentada por el sindicato. El jerarca reconoció que hubo una “irregularidad” debido a que Casinos compró máquinas cuyo permiso de admisión temporaria estaba vencido, pero negó que se trate de una ilegalidad.
Se trata de diez máquinas que ingresaron al país y luego fueron prestados a Casinos para probarlos. Según explicó Cha a El Observador, esa es una práctica comercial habitual en la que un proveedor da en comodato los aparatos al cliente para que éste los evalúe . Durante ese tiempo las ganancias fueron para el Estado.
“Es un negocio redondo porque el Estado sin pagar una máquina está produciendo y teniendo ingresos”, dijo Cha. El interés del empresario era –según el jerarca– que la Dirección de Casinos tenga en cuenta esa marca para una futura compra si le parecieron de buena calidad.
Esos slots estaban en el casino de Atlántida, hasta que el empresario dueño de las máquinas comunicó que se las llevaría para rematarlas. Conformes con las buenas ganancias que esos slots dejaban, el área comercial de Casinos sugirió ir al remate y ofertar por el precio base, unos US$ 96.000. Fue el único oferente y finalmente Casinos terminó por adquirir esas máquinas con el argumento de que rendían bien y estaban en buen estado. Pero la sorpresa fue grande, dijo Cha, cuando el Ministerio de Economía notificó que la admisión temporaria de esos slots había vencido y que, por tanto, estaban en forma irregular en Uruguay.
“Lo que hubo aquí fue una irregularidad administrativa por culpa de Casinos. Por un error de nuestros servicios, yo compré con desconocimiento de que esas máquinas estaban en situación irregular en términos administrativo (…). Pero acá no hay nada ilegal”, sostuvo el funcionario.
Era necesario concretar la importación de los slots y cobrar los impuestos y las multas. Intervino Aduanas pero luego el caso se archivó debido a que el Ministerio de Economía declaró que Casinos podía traer este tipo de maquinaria exonerada de impuestos. Esa resolución fue firmada por el director general de secretaría del MEF, Pedro Apezteguía, y también es objeto de polémica. “Casinos goza de inmunidad tributaria para la adquisición de este tipo de material. Las importaciones de máquinas y otros materiales de juego ingresan sin pagar impuestos”, dijo Cha.
Ante este hecho, la Federación Nacional del Juego (Fenaju) presentó una ampliación de la denuncia judicial ya en curso debido a que entienden que esa exoneración impositiva no corresponde, según informó el semanario Brecha el viernes pasado. El abogado del sindicato, Juan Fagúndez, dijo a El Observador que hay sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que establecen que Casinos es un organismo comercial y empresarial, razón por la cual a su juicio no puede importar esas máquinas sin pagar impuestos.
“Los denunciantes sostienen que no tiene inmunidad tributaria porque se trata de un organismo comercial y empresarial del Estado. Esos organismos no tienen inmunidad impositiva”, afirmó y calificó de “contrabando” la introducción de los slots. “Las máquinas están en situación ilegal. Es contrabando, ¿no?
Si alguien entra un auto con un permiso de determinado tiempo y se queda, ¿en qué situación está ese auto? Te lo incautan”, sostuvo el abogado.
El caso sigue a estudio de la Justicia. Fagúndez informó que está a estudio del fiscal desde hace tres meses y a la espera de que se pronuncie o que solicite alguna nueva prueba.