El gremio de estatales presentó una denuncia en el organismo contralor para que se investigue el accionar del ex directorio por la prórroga del contrato con el grupo Vila-Manzano.
Tal como había adelantado, el gremio estatal que conduce Raquel Blas presentó este viernes por la mañana una denuncia penal contra el ex directorio del Instituto de Juegos y Casinos durante la gestión de Daniel Pereyra, por los posibles perjuicios al Estado provincial que trajo la renegociación de las máquinas tragamonedas con la empresa Mendoza Central Entretenimiento, vinculada al grupo Vila-Manzano.
Se trata de uno de los frentes judiciales que todavía el Gobierno provincial no logra cerrar, a pesar de haber introducido cambios mínimos en la negociación con MCE y que recibió recientemente dos baldazos de agua fría: las observaciones por irregularidades en el contrato considerado como muy ventajoso para la firma privada ante las concesiones dadas por la Provincia.
En la presentación al fiscal Javier Fernández, ATE -que pide ser querellante- no duda en calificar el accionar del ex directorio como «corrupto». La denuncia también incluye en menor medida a Carlos Bianchinelli, actual titular del directorio del IPJC, que asumió cuando el conflicto tuvo su primera víctima política, la ex presidenta Nidia Martini.
La denuncia se basa a su vez en los argumentos dados por la Dirección de Asuntos Administrativos y la Dirección de Asuntos Judiciales de Fiscalía de Estado para recordar que el contrato de renegociación es «lesivo» para los intereses de la Provincia ya que «fija un extenso plazo de prórroga sin motivación alguna» y que resolvieron que las cláusulas eran «nulas» e «inexistentes».
En esa línea, para el gremio, Pereyra «renegoció infundadamente» el contrato de concesión con la empresa MCE, ya que «casi se duplicó el porcentaje» como contraprestación por sus servicios -del 26 al 47 por ciento-, se le concedió el servicio directamente -no hubo llamado a licitación- y se le otorgó «graciosamente la posibilidad de decidir unilateralmente la prórroga por cinco años más de la explotación concedida».
Según el gremio, las arcas del Estado dejaron de percibir unos seis millones de pesos desde la renegociación en esos términos, lo que constituye un daño para el Estado puesto que son fondos destinados a fines sociales.
ATE recuerda además que el grupo Vila-Manzano fue denunciado por prácticas extorsivas en 2009 en la Legislatura por el entonces secretario general de la Gobernación, Alejandro Cazabán. Y señala que la cúpula del IPJC estaba vinculada al holding mediático empresarial, por lo que merece una investigación aparte. Además de Pereyra, que estuvo a cargo de la Universidad de Congreso, las conexiones incluyen a Horacio Miguel, ex directivo de Canal 7 Mendoza y gerente general del IPJC.
Además, el gremio le pide al fiscal Javier Fernández que gire un oficio al Tribunal de Cuentas para que de cuenta de los fallos observados en un informe conocido en agosto pasado, donde da cuenta de las irregularidades cometidas en el contrato. Y a la Suprema Corte, que recientemente también falló contra el IPJC al no validar la renegociación, tal como esperaba el Gobierno, debido a que el contrato se encuentra observado por el TdC.
Por último, solicita al fiscal de Estado interino una investigación penal preparatoria y, si se encuentran pruebas suficientes, se proceda a la persecusión penal de los responsables.
Desde el gremio indicaron que las denuncias no terminarán acá y que la semana próxima podrían sumar más pruebas.
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