Se avecina la junta más polémica de Codere

Los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, fundadores de Codere, mantienen una batalla judicial con los fondos estadounidenses que controlan la mayoría del capital de la compañía de juego española.

Codere, la única compañía española de juego cotizada, se prepara para vivir, a finales del próximo mes de junio, la que posiblemente se convierta en la junta más polémica de su historia, en la que se expondrá la batalla que libran los fundadores del grupo, la familia Martínez Sampedro, y los fondos estadounidenses que controlan más del 50% del capital.

Codere, la única compañía española de juego cotizada, se prepara para vivir, a finales del próximo mes de junio, la que posiblemente se convierta en la junta más polémica de su historia, en la que se expondrá la batalla que libran los fundadores del grupo, la familia Martínez Sampedro, y los fondos estadounidenses que controlan más del 50% del capital.

La multinacional española propondrá a sus accionistas el nombramiento de dos nuevos consejeros que sustituirán a los hermanos José Antonio y Luis Javier Martínez Sampedro, expresidente y exvicepresidente, desalojados de sus cargos por los fondos el pasado año. Además informará, entre otros puntos, de la modificación del reglamento de su consejo de administración, en el que mantiene la posibilidad de operar en paraísos fiscales.

En la actualidad, los fondos Prudential y Silverpoint son los mayores accionistas de Codere, con algo más del 20% del capital cada uno. Las sociedades adquirieron sus actuales participaciones a raíz de la reestructuración emprendida por el grupo en 2014, cuando fue declarado en preconcurso de acreedores y dos años más tarde tomaron el 75% del capital al canjear deuda por acciones.

La familia Sampedro, que ha logrado retener el 18% del capital, sostiene que la toma del control de Codere por parte de los fondos, supone concertación, y que deberían haber lanzado una opa sobre el 100% del capital, al superar conjuntamente el 30% (umbral a partir del cual es obligatorio el lanzamiento de una oferta por la totalidad de las acciones).

Los fundadores de Codere han iniciado acciones legales en Madrid, París y Estados Unidos contra los fondos estadounidenses. Y se han negado a firmar las cuentas del ejercicio 2018 de la compañía.

Los fondos han gastado varios millones de euros de Codere en la contratación de despachos de abogados que les asesoran en la batalla judicial con los Martínez Sampedro.

La compañía informa en su último informe financiero anual que los gastos de explotación alcanzaron el pasado año los 10,5 millones de euros, 7,6 millones más que en 2017, debido “fundamentalmente al aumento de los gastos derivados del asesoramiento jurídico asociado a los procesos de impugnación de acuerdos sociales y arbitraje principalmente”

Nuevos consejeros

Desde Codere se ha señalado a este diario que la salida del consejo de administración de los hermanos Martínez Sampedro responde a que vence ya el periodo para el que fueron designados. Pero el hecho de que no sean renovados a pesar de ser accionistas representativos de la empresa, obedece a ese enfrentamiento, estiman fuentes cercanas a la compañía.

En su lugar, accederán al consejo de Codere, y en representación de los fundadores del grupo, los abogados Alberto Manzanares Secades y Fernando Sempere Rodríguez.

Manzanares es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Doctor en Derecho Civil por dicha universidad. Actualmente es Counsel del Área de Mercantil y Financiero del despacho de abogados Ontier.

Sempere es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y Diplomado por el Centro de Estudios Tributarios y Económicos. Es socio fundador del despacho Velázquez Abogados.

Paraísos fiscales

Codere ha modificado el Reglamento de su Consejo de Administración incluyendo una nueva redacción de algunos de sus artículos, y en el mismo mantiene la posibilidad de adquirir sociedades domiciliadas en paraísos fiscales.

El nuevo reglamento del consejo de administración del grupo dice que corresponderá al Comité de Auditoría “la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales (…)”.

La empresa informará a sus accionistas de la modificación del reglamento del consejo en la Junta que celebra el próximo mes. La posibilidad de operar en paraísos fiscales estaba contemplada también en el reglamento de 2016 del máximo órgano de dirección de Codere. Desde la compañía se ha indicado a este diario que se trata de una “obligación de la ley de responsabilidad fiscal del consejero”.

Fuente: vozpopuli.com

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