La actual presidenta del Instituto de Juegos afirmó que el contrato con Mendoza Central Entretenimientos genera pérdidas porque el privado casi no asume gastos. A pocos días de abandonar el cargo, le sugirió al gobernador electo elaborar un nuevo acuerdo con la empresa de Vila y no cerrar más casinos. La concesión actual data de 2013 y se extiende hasta 2021.
Antes de viajar a China, el gobernador electo, Rodolfo Suarez, se reunió con la presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Josefina Canale, para analizar el futuro del organismo.
En ese encuentro, Canale sugirió no cerrar más casinos. Pero además, dejó caer un diagnóstico preocupante sobre el Casino Central, que es operado por una empresa de la familia Vila: Mendoza Central Entretenimientos.
«Claramente le dije a Suarez que el Casino Central, como está, no es negocio para la Provincia y no da para más», indicó Canale, en diálogo con MDZ.
Según la funcionaria, el contrato para la operación de esta casa de juegos tiene condiciones demasiado ventajosas para el privado, que se lleva casi el 44 por ciento de las ganancias sin asumir demasiados gastos.
«Si uno tomara el Casino Central como una sola unidad de negocios, iríamos a pérdida», insistió Canale, quien está terminando su gestión en el IPJyC pero no pudo intervenir en este acuerdo económico.
La concesión actual del Casino Central, en efecto, fue un paquete que se ató en la era justicialista. La renegoció con Mendoza Central Entretenimientos, por 8 años, Carlos Bianchinelli en 2013, aunque antes intervinieron otros funcionarios a lo largo de las gestiones de Celso Jaque y Francisco Pérez como gobernadores.
Después de muchas idas y vueltas, el canon terminó en el 43,8 por ciento. Pero las autoridades actuales remarcan que la comisión original para el privado era de apenas el 16 por ciento.
Si bien el vínculo con la empresa de Vila no se puede romper antes de 2021, la todavía presidente del IPJyC cree que el nuevo contrato «hay que pensarlo ya». El acuerdo actual, sostuvo Canale, implica pocos costos para el privado y se diferencia en ese sentido de las concesiones de los cuatro casinos estatales que han quedado abiertos en los departamentos: San Martín, Rivadavia, General Alvear y Malargüe.
En las salas del interior, los operadores se quedan con el 50 por ciento de la ganancia, pero pagan limpieza, seguridad, mantenimiento y traslado de caudales. «Si en el Casino Central pagaran estos gastos, daría ganancia», señaló Canale, además de indicar que hoy la pérdida de este casino se compensa con los montos que se obtienen en las salas de los departamentos.
En octubre, entraron al Casino Central más de 588 millones de pesos. Pero como cerca del 94 por ciento del dinero vuelve en premios, finalmente quedaron, como ganancia neta, casi 36,5 millones. Esa es la plata que se repartieron casi en partes iguales el Estado y la empresa privada.
En tanto, en el casino de San Martín, ingresaron el mes pasado 536,5 millones de pesos. Pero las ganancias fueron similares en los dos: 35.2 millones de pesos se obtuvieron en el del Este, según los registros oficiales.
Casi a modo de cierre de gestión, Canale expresó que el juego ya no tiene «sobre oferta» en Mendoza y detalló que, en los departamentos, los operadores actuales tienen contrato hasta el año que viene.
En la gestión de Alfredo Cornejo, el Gobierno cerró cinco casinos estatales y uno privado en San Rafael. Dependerá del nuevo gobernador y del próximo presidente del IPJyC avanzar más en el cierre de salas o, como sugiere Canale, parar acá.
Una sola cosa está clara hoy. La actual presidente del IPJyC no seguirá en el cargo porque fue elegida diputada provincial y, según confirmó a MDZ, asumirá dentro de pocos días esa banca.
Lo mismo va a ocurrir con la única vocal del directorio, María Marcedes Rus, quien se convertirá en senadora. Por lo tanto, Suarez, quien llegará a Mendoza este fin de semana, se encontrará en la obligación de designar nuevas autoridades y no podrá prorrogar el mandato de quienes están en el IPJyC, como podría ocurrir en otros organismos descentralizados y/o autárquicos.
Antes de irse a China, el gobernador electo ofreció el cargo de presidente del IPJyC a una mujer, quien no aceptó. En las últimas horas sonó también para el puesto el diputado provincial César Biffi, aunque este nombre prácticamente ha quedado descartado. El legislador, cuyo mandato finaliza este mes, podría tener como destino, en cambio, el Instituto Provincial de la Vivienda.
Fuente: mdzol.com