AFIRMA QUE SE ELEVARON LOS PORCENTAJES DE FORMA DIRECTA
Según denuncia el gremio, el Instituto de Juegos y Casinos elevó del 26,3% al 47% el porcentaje que se queda la empresa sobre la recaudación total de los casinos y salas de juego que opera la provincia. Y todo fue avalado por el fiscal de Estado, Joaquín de Rosas. El caso es analizado por la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura.
El gremio de los estatales denunció en la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial la renegociación unilateral de contratos hecha entre el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y la empresa Mendoza Central Entretenimiento SA, firma vinculada al grupo Vila Manzano y que provee las tragamonedas y juegos a los casinos que son administrados por el Estado. Todo esto con la conformidad del Fiscal de Estado, Joaquín de Rosas.
Según denunció hoy la líder gremial Raquel Blas, tomando como base la documentación incluida en el expediente 08248I2010 02690, de forma unilateral y sin mediar proceso alguno de licitación o concurso de precios, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos renegoció contratos con la empresa, ampliando concesiones y casi duplicando el porcentaje que hoy se lleva sobre el total recaudado por las tragamonedas y los juegos que le concesiona al Estado.
De forma directa, según denuncia ATE, el Instituto elevó del 26,3% al 47% el porcentaje que se queda la empresa sobre la recaudación total de los casinos y salas de juego que opera la provincia. Y junto con esto también se le dio a la empresa Mendoza Central Entretenimiento SA la concesión del bar y restaurante que funciona en el casino provincial. A cambio de estas cesiones de derechos de parte del Estado, la empresa se comprometió a invertir en la renovación de las máquinas tragamonedas y juegos que están en funcionamiento en las salas de la provincia.
MDZ intentó comunicarse con las actuales autoridades del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Tanto su presidenta, Nidia Martín, que no está en la provincia; su director, Héctor Caputto, como su gerente general, Federico Domínguez, no respondieron ni dieron explicaciones del caso. Aunque luego, fuentes oficialistas deslizaron que la renegociación del contrato ya estaba cerrada al momento de que asumiera el nuevo gobierno de Francisco Pérez.
«Lo irregular de este proceso es que toda la negociación de contratos se hizo de forma unilateral cuando debería haber habido un proceso más transparente; incluso hasta una licitación. En cambio se hizo todo en forma directa y se le casi duplicó el porcentaje de ingresos a la empresa, que en muy poco tiempo va a poder amortizar su inversión», explicó Blas, antes de señalar que el principal perjudicado es el Estado, ya que al darle más recursos a Mendoza Central Entretenimiento SA está quitándole recursos a los planes sociales y de salud que se financian justamente con la recaudación que se obtiene del juego.
Bajo estas condiciones, la empresa Mendoza Central Entretenimiento SA pasará de quedarse con $2,6 a $4,7 por cada $10 que recauden las tragamonedas y juegos que funcionan en los casinos que explota el Estado.
Son justamente estos cuestionamientos los que ATE presentó, junto con copia de la documentación incluida en el expediente 08248I2010 02690, ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura provincial. La intensión del gremio es frenar este proceso que «desfinancia al Estado» y accionar contra el fiscal Joaquín de Rosas.
Un análisis aparte, según ATE, merece el papel ejecutado por el Fiscal de Estado, que dio su conformidad a todo el proceso. Por eso, desde el gremio van a presionar para que se investigue también el rol de De Rosas en este caso.
mdzol.com