COMUNICADO DE ACADI ANTE LA SANCIÓN ITALIANA
El Tribunal de Cuentas de Italia ha impuesto una multa de 2.500 millones de euros a diez concesionarios de máquinas recreativas, de los que 115 millones corresponden a Codere Network, por una serie de irregularidades cometidas en el pago a Hacienda con las máquinas de vídeo-póker.
Estas máquinas debían estar conectadas con el sistema de Hacienda en diciembre de 2004, pero el proceso se retrasó un par de años. Según publica ‘Corriere della Sera’, la batalla legal comenzó en 2007, fecha en la que el monto de las posibles sanciones ascendía a hasta 98.000 millones de euros.
En un comunicado, la Asociación Italiana de Concesionarios de las máquinas recreativas (Acadi) -que está constituida por Cirsa, Codere, Cogetech, GMatica y SisalSlot- calificó la sanción de «sorprendente y del todo injustificada» y anunció que «es bastante probable» que todos los actores involucrados recurrirán en apelación.
Además, Acadi señaló que «sólo gracias a las importantes inversiones» de los concesionarios ha podido tener un «resultado positivo» la estrategia del Estado para sustituir el juego ilegal «con la oferta de juego legal, controlado y seguro».
Así, estimó que los ingresos del Estado garantizados por las máquinas entre 2005 y 2011 ascendieron a casi 20.000 millones de euros, con lo que consideran «haber cumplido con sus deberes principales».
La apelación por parte de Codere Network suspenderá la ejecución de la sentencia y, por tanto, cualquier pago hasta que dicho procedimiento este resuelto.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Codere mantiene que esta resolución no tiene en cuenta «elementos numerosos y esenciales contenidos» en la valoración realizada por Digit Pa, asesor técnico nombrado por el propio Tribunal de Cuentas, al tiempo que sostiene que dichos elementos junto con los argumentos que defiende su filial italiana prueban la ausencia de responsabilidad.
Adicionalmente, según explica la compañía, la decisión del Tribunal de Cuentas no motiva ni contiene evidencia de la existencia de daño fiscal al Estado.
elmundo.es