16/09/24 08:39 hs.
La Justicia mexicana ordena al Estado a pagar una multa de 92.7 millones de dólares por haber revocado cinco licencias de casino en 2014.
La denuncia había sido realizada por un grupo de 39 inversionistas estadounidenses al momento en que sus negocios en Naucalpan, Villahermosa, Ciudad de México y Cuernavaca fueron paralizados por la revocación del permiso de operación.
“El tribunal resolvió, por dos votos contra uno, que el Gobierno federal, y en particular la Secretaría de Gobernación, violaron el derecho de los inversionistas a un trato justo y equitativo, bajo reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, se lee en el comunicado.
En 2016, el grupo B-Mex LLC presentó la denuncia contra el Estado de México, que finalmente obtuvo el visto bueno de la Justicia a su favor el pasado 21 de junio. Sin embargo, el fallo fue apenas publicado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial hace pocos días.
En total, se espera que los operadores damnificados reciban 80.8 millones de dólares por el cobro de la multa. “Los casinos operaban bajo la razón social Juegos de Video y Entretenimiento, y la Segob los cerró por problemas heredados por la empresa Entretenimiento de México”, explicaron.
Así, en un principio, solicitaron una indemnización de 152.4 millones de dólares por el cierre de casinos, “pero México consideró que, en el mejor de los casos, el negocio que perdieron valía 11.8 millones de dólares”.
Por otro lado, el Estado también afronta un pago de 4.5 millones de dólares “por los derechos que ya no se ejercieron para abrir dos casinos más y un casino online”, aunque el grupo de inversores pedía cargos por 155 millones, así como 7.5 millones de dólares por gastos de abogados y costos del arbitraje.
De esta forma, el total se calcula en más de 100 millones de dólares, contando los intereses de 4.57 por ciento anual, acumulados desde hace más de diez años. Asimismo, se tiene en cuenta que la Secretaria de Economía gasto 2.7 millones de dólares en abogados, viáticos y honorarios de expertos, entre otros conceptos.
“El árbitro Raúl Vinuesa, de nacionalidad argentina y española, votó en contra de condenar a México, pues consideró que los demandantes no probaron el trato inequitativo ni alguna intención política por parte de Segob”, informaron.