A pesar de que su explotación está prohibida en lugares de libre acceso para menores, se advierten gran cantidad de máquinas en bares y comercios.
Pese a que recientemente Diputados aprobó con modificaciones el proyecto de ley de tragamonedas mediante la cual se establecen mecanismos para la habilitación y explotación de las máquinas, con el fin de proteger a los menores de edad, desde la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja) sostienen que no hay control por parte de los municipios.
Estas afirmaciones parten de las investigaciones de la trabajadora social Evelyn Cattebeke, elaboradas a pedido de la Apoja y presentadas al Ministerio de Niñez y Adolescencia (MNNA), encabezado por Teresa Martínez, quien respondió que la situación descripta en dicho informe se comunicó al Ministerio Público, pero que aún se desconce la designación de un fiscal que investigue.
Cattebeke afirmó que los niños y adolescentes son los más sensibles a caer en el uso de tragamonedas debido a que están en una etapa de crecimiento y desarrollo. Además, la profesional alertó sobre el fácil acceso a las máquinas en sitios de libre concurrencia y remarcó que el nivel de riesgo aumenta en aquellos que carecen de un contexto familiar con vínculos estrechos y protectores.
“El Estado debe precautelar los mecanismos para protegerlos”, sentenció.
La palabra oficial
Entrevistada por el diario local ABC sobre esta problemática, la viceministra de Educación Básica del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), Alcira Sosa, indicó que la normativa es muy clara y que “son los municipios los responsables de incautar y destruir las máquinas que estén en lugares prohibidos”.
Sin embargo, al ser consultada sobre la falta del control y la evidente presencia de las máquinas en cualquier comercio a pesar de estar prohibidas por la ley, la funcionaria precisó que “no existen denuncias al respecto y el protocolo se activa conforme a casos puntuales”.
Ante la insistencia de ABC sobre el peligro latente a que los jóvenes caigan en una adicción, Sosa respondió que la situación amerita la creación de un protocolo de atención para estos casos.
Actualmente en el Congreso se encuentra un proyecto de ley que busca ratificar la prohibición del uso de tragamonedas en sitios que no sean exclusivos de juegos de azar, buscando anular la Resolución N°34/2020 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) que “regulariza” su explotación en kioscos, bares y otros comercios.
Senadores habían dicho que dicha resolución permite la creación de una estructura para la obtención de recursos ilícitos y lavado de dinero, violando la ley y vulnerando el bienestar de los más pequeños, por lo que denunciaron a la Fiscalía el caso, aún sin mayor avance.