Javier Molinera, jefe del Servicio de Control de los Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional
«El sector del juego cumple las normas; policialmente no vemos ningún gran problema social«. Lo afirma tajante el jefe del Servicio de Control de los Juegos de Azar y Apuestas de la Policía Nacional, el cuerpo que vigila desde hace 43 años que jugar y apostar en salas o casinos sea totalmente seguro.
Javier Molinera lleva al frente de este servicio siete meses tras la jubilación de su predecesor, que puso en marcha una brigada especial cuando se despenalizó en España el juego en 1977.
Cuatro décadas después, el escenario ha cambiado(solo los salones de juego suman ya más de 3.000), pero la misión de la Policía sigue siendo la misma: controlar que el sector cumpla las normas y que no sea ensuciado con actividades delictivas como los amaños de apuestas, las estafas o el blanqueo.
«Trabajamos para que el jugador que responsablemente juega sepa que accede a una actividad lúdica y segura, que sepa que no le van a engañar«, destaca Molinera.
Y en ello está este servicio de control, integrado por 13 agentes y tres grupos operativos especializados y con sede en Madrid, aunque esta «unidad» cuenta con otros 85 efectivos en diferentes provincias.
En pleno debate sobre una nueva regulación del sector que tiene casi lista el Ministerio de Consumo y que afectaría sobre todo a la publicidad con el objetivo de proteger a los menores, el inspector jefe Molinera aclara que la problemática del juego es compleja por la amalgama de normas diferentes a las que está sujeta.
Ojo con la sobrerregulación: puede aflorar el juego ilegal
El Gobierno tiene la competencia en los juegos de azar en línea (apuestas, juegos de casino, maquinas de azar, póquer y bingo), además de en los juegos que se producen en todo el territorio (como las Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE), mientras que las comunidades son competentes en los de su ámbito territorial, como las casas de apuestas presenciales y los salones de juego.
Con 17 regulaciones sobre la mesa, más las propias de cada actividad -hay normas para las máquinas recreativas y otras para los casinos-, Molinera deja claro en una entrevista que las 3.000 salas de juego «no son incumplidoras» con la norma.
«Si existe un problema y la comunidad autónoma lo remedia, el sector no se queja ni piensa que se vulneran sus derechos«, opina el inspector jefe, que defiende que hay que mejorar siempre en la regulación para controlar que «juegue quien pueda jugar«.
Ahora bien, advierte: Los requisitos que ponen al sector son los que se ponen, por ende, al jugador. Si este ve que tiene muchos requisitos, habrá quien se marche a un juego ilegal libre sin control y esto hay que evitarlo.
64.524 inspecciones y 1.467 actas de sanción
Desde 2014 el juego en general no ha dejado de crecer, si bien las actas de sanción, dice Molinera, «no han ido a más».
«Policialmente no vemos ningún problema social que no se pueda atajar. Cuando hacemos inspecciones, normalmente todo es correcto, y cuando hay algo que no se ajusta a la norma, se propone para sanción«, afirma este policía, antes de dejar claro que si hay un menor jugando o alguien adicto y enfermo, la Policía tiene que trabajar para dar una respuesta con la norma vigente o para impulsar un cambio en la misma.
En 2019, la Policía Nacional realizó 64.524 inspecciones y levantó 1.467 actas de sanción de todo tipo, desde incumplimiento de horario de apertura (lo regula la comunidad), que algún jugador estuviera fumando en el interior o la presencia de indocumentados, de menores o de personas que tienen prohibido el acceso a un salón de juego.
De estos últimos se conoce la cifra, dice Molinera. 50.000 personas figuran en la base de datos de la Dirección General de Ordenación del Juego para que no les permitan la entrada a un salón de juegos. Se registraron voluntariamente, conscientes del problema que suponía en sus vidas jugar.
La Policía revela que entre los que últimamente se han «autovetado» hay un joven de 19 años.
«Cuando hay 50.000 personas que se prohíben jugar es porque hay muchísima gente que juega«, destaca el inspector jefe para a reglón seguido que es una actividad muy rentable que deja anualmente unos 9.000 millones de euros (dinero jugado).
Las empresas de juego son las primeras que no quieren menores
La Policía admite que uno de los grandes problemas que tiene para conocer lo que se mueve es que no cuentan con una radiografía completa de la problemática. «Podemos saber que entran menores o que juegan personas que tienen prohibida la entrada, pero no sabemos cuántos«.
Con esa idea se lanzó en septiembre la operación Arcade, un operativo de visitas a más de 1.800 salas de juego para detectar la presencia de menores. El resultado fue una treintena de menores identificados.
«El menor tiene que saber que tiene prohibido jugar«, dice Molinera, que explica que la Policía ya ha introducido este asunto en las charlas que los agentes de Participación Ciudadana dan en los colegios. «Se les dice que el juego es ocio, pero no es una actividad para los menores«.
Con todo, considera que «el sector es el primero que sabe que no va a ganar dinero con un menor,» porque la multa de 9.000 euros a la que se enfrenta el empresario si permite que juegue es del todo «insostenible» con el gasto que ese chaval pueda hacer en su local.
El descontrol del juego online, un mito
Molinera derriba otro «mito», el que asegura que en el juego online existe barra libre. «No es así, hay mucho control; es más fácil vulnerar el juego presencial» que a través de Internet.
Por ejemplo, para jugar de forma virtual no solo se necesita el DNI de un adulto (un obstáculo que podría saltarse fácilmente), sino sobre todo inscribirse con una cuenta o tarjeta bancaria. «Para un chaval de 14 años está bastante difícil este acceso«, concluye.
Fuente: 20minutos.es