Empezó del debate oral y público que resolverá la responsabilidad penal de los funcionarios lunghistas acusados por las irregularidades en el cumplimiento del contrato de concesión del Hipódromo. Por unas cuatro horas, el criador denunciante Jorge Cuenca destiló todas las falencias detectadas y los incumplimientos del concesionario que el Municipio omitió controlar y sancionar. También declararon el exconcejal Carlos Mansilla y el veterinario Marcelo Valle. El jueves se retoma el juicio. El martes próximo comparecerá el intendente Lunghi.
Nueve años transcurrieron de aquella presentación formal en la justicia penal del criador de caballos Jorge Cuenca, acerca de las irregularidades en el cumplimiento del contrato de concesión del Hipódromo de Villa Aguirre. Ayer, el Tribunal Oral Criminal 1 –TOC- dio por iniciado el debate que prevé varias jornadas en las que se echará a rodar un voluminoso expediente que mereció kilómetros de letra de molde, como así también de vericuetos legales (apelaciones, recursos de queja, más apelaciones), en pos resolver la responsabilidad penal de quienes estaban a cargo –al entender de la acusación- de la administración del circo de carreras como del poder de contralor de que se cumpliera con lo acordado.
Como se informó ampliamente en ediciones pasadas, a tal punto llegó la dilación del proceso que el principal implicado en el affaire, el empresario Daniel Blanco, falleció antes de ser juzgado. Lo propio ocurrió con la imputación de uno de los funcionarios más activos en lo que resultó la controvertida concesión para el recupero del circo de carreras, el exsecretario de Desarrollo Local Oscar Maggiori, quien quedó sobreseído al prescribir el delito que se le endilgaba, tras dejar de cumplir funciones en la administración comunal.
A propósito del exfuncionario lunghista, un llamativo párrafo encaró el fiscal al recordar a la figura del sobreseído Maggiori por disposición del Juzgado de Garantías. Al respecto, Eguzquiza admitió un yerro a la hora de no haber apelado la decisión, dejando la puerta abierta a que a pesar del tiempo transcurrido evaluaría recurrir dicha resolución.
En definitiva, quienes ahora están sentados en el banquillo de los acusados resultaron ser el sucesor de Maggiori en la citada secretaría, Pedro Espondaburu, a quien le sindican el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. A más precisiones, omitió los controles y aplicar sanciones por el incumplimiento del contrato oportunamente sellado entre el empresario y el Municipio.
A su lado, Guillermo Alassia, responsable de Vialidad comunal, a quien paradójicamente se le endilga la figura delictiva más gravosa, “peculado”, quien en verdad resulta el “más débil” en la cadena de mandos en lo que refiere a responsabilidades y decisiones comunales.
Es que a Alassia se lo responsabiliza de la utilización de los camiones regadores para la pista de carreras, cuando el propio contrato de concesión establecía la inversión del privado de un sistema de riego.
Casi replicando lo que oportunamente se sustanció en la requisitoria a juicio, el fiscal Marcos Eguzquiza daría cuenta de la figura penal de “fraude en perjuicio de la administración pública”. Aludió que Blanco pudo disfrutar en beneficio propio lo que se recaudaba en materia de subsidios por la desidia de Provincia y Municipio, por el incumplimiento de los funcionarios a la hora de controlar y aplicar sanciones por dichas irregularidades.
Con contundencia, el fiscal acusó que Blanco nunca hizo los depósitos dinerarios comprometidos por contrato, y que el Municipio nunca exigió nada. Que Espondaburu (su intervención de circunscribe entre 2007 a abril de 2010) omitió las inspecciones de las obras y el mantenimiento, como así también el pago de canones. “No controló, no aplicó sanciones”, sentenció.
Específicamente sobre Alassia, se lo acusó que entre febrero de 2006 al 2010, era quien estaba a cargo de los camiones regadores, dejando que se utilizaran en provecho del Hipódromo.
La defensa y sus reparos
Claro que estas apreciaciones acusatorias contarían con el rechazo de la defensa de ambos funcionarios acusados. Jorge Dames, una vez más encarnando el patrocinio de funcionarios lunghistas frente a la Justicia penal (causa Balbín, causa Diéguez), anticiparía que echaría por tierra una y cada una de las pruebas de cargo, adelantando que no era potestad de la comuna el poder de contralor de la actividad turfística, como así también que, en el caso del servicio de camiones regadores, era un uso y costumbre prestar colaboración a entidades sociales y deportivas, incluso con fines de lucro.
Primeramente, el defensor se dijo sorprendido por el relato fiscal, aludiendo a un proceso post mortem, acerca de la imputación aludida al empresario fallecido Blanco.
Asimismo, aclaró que no se estaba frente a un proceso político, se trataba de una cuestión jurídica, añadiendo que la acusación era por omisión de control cuando era materia provincial dicha exigencia.
Dames reconoció que indudablemente hubo errores en la relación público privado de la concesión citada, pero que no existió omisión ilegal.
Aludió a Maggiori como el mentor del rescate del mítico predio hípico y quien coordinó la concesión, pero que apareció como autoridad de aplicación cuando no debía serlo. Para luego refrendar la idea de que se criminalizó un tema administrativo.
No dejó pasar su sorpresa sobre la presencia como acusado de Alassia, quien respondía a directivas de un responsable a cargo de una secretaría, respondiendo a una jerarquía. El área a su cargo dependía de Obras Públicas, quien ordenaba las acciones, incluso también la jefatura de Gabinete (por entonces Mario Civalleri y Carlos Fernández, respectivamente).
Tras la intervención de las partes mostrando sus cartas, el Tribunal presidido por el juez Gustavo Echevarría, acompañado por Guillermo Arecha y Carlos Pocorena, daría apertura a la incorporación de la prueba ofrecida para el debate. Era tiempo de los testigos. Sería Jorge Cuenca el primero en tomar la palabra (ver aparte) y hacer rodar toda su performance que le valió espacios periodísticos e intervenciones políticas desde que decidió denunciar lo que denunció. Más luego, el exconcejal Carlos Mansilla y el veterinario Marcelo Valle completarían la lista citada para la primera audiencia que cerró alrededor de las 19.
El jueves se volverán a ver las caras con nuevos testigos que convocó la fiscalía, entre cuidadores y expertos de la actividad hípica. Un dato a tener en cuenta: para el martes de la semana entrante, se aguardará por el comparendo del intendente Miguel Lunghi, quien una vez más se sentará frente a un Tribunal penal en carácter de testigo.
“Se robaron todo y no controlaron nada”
“Blanco no hizo nada, se robó todo”. “Denuncié las irregularidades en la Banca 21, hubo una interpelación en el Concejo y nunca pasó nada. Fernández (Carlos –actual diputado nacional y exjefe de Gabinete comunal) me dijo –no sin sorna- andá a denunciar a calle Uriburu… bueno, acá estoy, nueve años después”, ironizó el inefable criador de caballos Jorge Cuenca, el hombre que se empecinó en ventilar las irregularidades en la concesión del Hipódromo de Villa Aguirre por el cual había peleado, y mucho, para que se recupere, y sus desavenencias con Blanco y sus públicas denuncias lo corrieron de la escena turfística local.
El “personaje” que incomodó e incomoda, “el Loco” que primero empujó a la clase política a intervenir por la inacción de un contrato que a todas luces no se cumplía y luego forzó una denuncia penal, lograba su cometido. Estaba frente a los jueces, relatando lo que supo relatar durante años sobre las anomalías en el circo de carreras, sobre las actividades ilícitas como también las sugestivas omisiones de quienes tenían que controlar.
La duda radicaba en si aquel perfil explosivo que supo ganarse títulos de tapa iba a menguar en la sala de audiencias, frente a los magistrados. Esa incógnita se despejó casi al instante de su ingreso.
Fiel a un estilo prepotente y por momentos desbordado en sus apreciaciones y/o calificativos (mereció algún que otro reproche del presidente del Tribunal para que atempere sus expresiones), pero sabedor de lo que habla tras 40 años de trayectoria en el rubro, entretuvo a los presentes con un categórico relato que salpicó para todos los costados, sin distinción.
“El intendente Lunghi, Carlos Fernández, Oscar Maggiori, tendrían que estar acá sentados. Ellos tendrían que dar respuestas” se quejó, al considerar que para los aquí acusados (Espondaburu y Alassia) tenía el mejor de los conceptos, aunque terminaron siendo responsables de aquellas omisiones y acciones que supo denunciar y por razones vidriosas nunca fue escuchado desde el Ejecutivo hasta después de la interpelación en el Concejo, allá lejos y hace tiempo (noviembre de 2007), cuando tras negar categóricamente todas las imputaciones de los ediles de aquellos días y prometer responder informes acerca de las acciones desplegadas en el circo de carreras que nunca respondieron o “falsearon” hubo un giro sugestivo en el seno del Gabinete, sacándole a la Secretaría de Desarrollo Local la potestad de la autoridad de aplicación y pasando a manos de la jefatura de Gabinete (a cargo de Juan Pablo Frolik), incluso con actores con nombres propios para exigir hasta lo que ayer no se exigía, de la mano de Helena Berestain y Gabriel Bayerque.
Desde la no donación por las entradas vendidas en la inauguración del Hipódromo, la precaria y temeraria empalizada improvisada que atentaba contra la vida de los animales como de los jockeys, el nulo mantenimiento de la pista, la falta del sistema de riego y el incumplimiento de lo que había comprometido Blanco (una guardería para la barriada, entre otras promesas). La falta de acciones frente a lo que el propio veedor oportunamente convocado supo informar, formaron parte del combo de anomalías citadas.
No dejó de mencionar “las mentiras de Maggiori”, a quien lo ubicó con una relación muy estrecha con Blanco, incluso yendo juntos a buscar los suculentos subsidios provinciales. Tampoco obvió al excolaborador del Intendente Rubén Crovo, a quien lo ubicó departiendo almuerzos, cenas, con el empresario en un hotel en las sierras, sobre la Ruta 226.
Sobre Crovo, soltó sin empacho y dispuesto a protagonizar un careo sobre la circunstancia cuando él le cuestionó sobre los camiones regadores, a lo que Crovo le habría respondido: “Guillermo se lleva una buena tajada”, en alusión a Alassia. Precisamente el funcionario imputado escucharía del propio Cuenca lo que aquel excompañero de Gobierno dijo, sobre lo que prefirió no darle asidero a semejante versión.
A preguntas del fiscal y, a veces del defensor, Cuenca iba y venía en su relato sobre las distintas circunstancias que rodearon a la polémica relación entre el empresario y el Municipio, no sin dejar de subrayar que por la relación contractual cuestionada, la comuna se quedó con 800 mil pesos, mientras que Blanco se alzó en el mismo lapso de tiempo con 30 millones de pesos.
Se sucedieron tensos cruces entre el testigo Cuenca y el defensor Dames, sobre todo por incurrir en comentarios irónicos y algunas impertinencias subidas de tono que no pasaron a mayores. El propio Cuenca se encargaría de aclarar sobre su verborragia y por momentos prepotente carácter, pidiendo las disculpas del caso.
Más allá de provocar algún fastidio e incluso reto del Tribunal, al decir del semblante de los magistrados se los vio muy atentos a lo que el testigo expuso durante unas cuatro horas, incluso arrancando alguna sonrisa ante las ocurrentes sentencias del cuidador que no escatimaba en calificativos para con los protagonistas de una controvertida historia contractual que derivó en consecuencias políticas y penales.
Los otros testigos
Tras las extensas e intensas horas que demandó la exposición de Cuenca, devino el comparendo del exconcejal Carlos Mansilla, quien fue indagado sobre el proceso político acerca del affaire del Hipódromo que derivó en una interpelación en el 2007 a los integrantes del Gabinete.
Mansilla no hizo más que recordar sobre aquellos pedidos de informes nunca respondidos y el porqué se arribó a dicha instancia política, para lo cual el lunghismo “montó una escena dantesca” con correligionarios en la barra arengando a sus funcionarios en detrimento de lo que querían preguntar los ediles. A propósito de las respuestas a lo que requerían los ediles, Maggiori aseveró sobre inspecciones que nunca se concretaron o al menos no se conocieron las conclusiones.
Luego pasaría a atestiguar el veterinario y dirigente político Marcelo Valle, quien también corrió con la misma suerte que Cuenca cuando hizo públicas las irregularidades en el circo de carreras. Blanco le aplicó el derecho de admisión.
Valle, también especialista en la actividad turfística, desasnó a los judiciales sobre la actividad y los requisitos para contar con instalaciones acordes a las demandas y necesidades de los actores intervinientes, dejando en claro que a los funcionarios involucrados nunca se los vio por el predio controlando que se cumpliera con las obligaciones.
Fuente: eleco.com.ar