El contrato con la operadora venció en octubre. Pero una medida cautelar favoreció a la empresa, que reclama prolongar el vínculo para compensar que le aumentaron el canon. La Ciudad apeló y ahora resolverá el máximo tribunal.
El futuro de los barcos casino de Puerto Madero quedó en manos de la Corte Suprema. El máximo tribunal deberá decidir si acepta un recurso de queja que presentó el Gobierno porteño contra una medida judicial que le permite a la empresa operadora de las salas de juego flotantes seguir explotando el negocio pese a que su contrato venció en octubre.
Según confirmaron fuentes del Gobierno porteño, la Procuración de la Ciudad y Lotería de Buenos Aires presentaron un recurso de queja, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Nación sostuviera la medida cautelar que había firmado en primera instancia el juez Pablo Cayssials, a favor del reclamo de Casino de Buenos Aires.
La historia del conflicto tiene sus raíces en el momento mismo en que el primer barco casino, «Estrella de la fortuna», comenzó a operar, en 1999. Pese a que la Constitución de la Ciudad prohíbe expresamente la explotación privada del juego en suelo porteño, el Gobierno nacional, que entonces controlaba la actividad pese a la autonomía de Buenos Aires, le otorgó igualmente la concesión. ¿Cómo sortearon el escollo legal? Con la explicación de que, como los barcos flotaban en el Río de la Plata, estaban en territorio federal y no de la Ciudad. En enero de 2006 se sumó el segundo barco, «Princess».
Esa decisión fue discutida legalmente por el Gobierno porteño, entre otras cosas porque le impedía cobrarle impuestos al juego, pero la Justicia siempre resolvió a favor del Casino con diferentes medidas cautelares.
En 2016, tras la asunción de Mauricio Macri a la Presidencia, la Nación resolvió aumentarle el canon del 20% al 30% a la empresa, y además inició el proceso para traspasar el control del juego a la Ciudad, que empezó a cobrarle a las salas de juego el 12% en concepto de Ingresos Brutos. Ese traspaso se concretó el 1° de julio de 2017.
Por este cambio, la empresa inició en 2017 un juicio contra ambos gobiernos. Su reclamo era que, dado que el Estado le había impuesto mayores gastos, la ecuación económica de su negocio había cambiado, y por lo tanto tenía derecho a que le prolongaran el contrato, por un plazo a definir con pericias contables y otros cálculos.
La operadora está compuesta en un 50% por CIRSA (de capitales españoles), y el resto está dividido entre un 25% de Hapsa (la operadora del Hipódromo de Palermo) y otro 25% de Inverclub (de Ricardo Benedicto, ex socio de Cristóbal López?).
En abril último, el juez Cayssials le otorgó a Casino de Buenos Aires la medida cautelar por la cual se suspendía el final del contrato. La Ciudad apeló, pero el 18 de julio la Cámara le dio la razón al juez. Y el 24 de octubre rechazó un segundo reclamo del Gobierno porteño.
«Para nosotros, el contrato está vencido desde el 8 de octubre. Por eso ahora presentamos un recurso de queja ante la Corte Suprema. Mientras tanto, seguiremos cobrando el canon e Ingresos Brutos», confirmaron fuentes de Lotería de Buenos Aires.
El canon y los impuestos que le cobra la Ciudad a los casinos son los mismos que le caben a las salas de juego en el Hipódromo. Según pudo averiguar Clarín, son unos $ 1.500 millones por los barcos casino y $ 2.600 millones por las tragamonedas de Palermo. En total, $ 4.100 millones al año.
Como se sabe, la Corte Suprema no tiene plazos para resolver si acepta o no el recurso de queja presentado por la Ciudad. Así, la situación podría prolongarse durante años. Además, este panorama le trae incertidumbre a las cerca de 3.500 personas que trabajan en las dos salas flotantes, entre los empleados del juego y los de otras ramas, como seguridad y mantenimiento. Los barcos suman más de 1.400 máquinas tragamonedas y 120 mesas de juego.
La relación de la Ciudad con el juego siempre fue conflictiva. En 2016 cerraron las cinco salas de bingo que había en Buenos Aires, y cuyo contrato había vencido en 2014 pero también se prorrogó por orden judicial. En este sentido, se cumplió con lo que indica la Constitución porteña: que no puede haber juego privado en la Ciudad. Pero, por el contrario, en mayo la Legislatura porteña aprobó la creación el juego online legal, que está en proceso de licitación.
Cuando se termine la explotación de los barcos casino, en un futuro incierto, el Gobierno porteño deberá optar por cerrarlos, estatizarlos o encontrar algún otro camino legal para que continúen operando. En el mismo sentido deberá resolver en 2032, cuando se venza el contrato con Hapsa por la explotación del Hipódromo de Palermo.
Fuente: Pablo Novillo para clarin.com