La comunidad dice que ha sido legal con Cordish y quiere bloquear una tercera intentona
El portavoz del Ejecutivo regional, Ángel Garrido, ha asegurado este martes que la Comunidad de Madrid ha actuado “conforme a la legalidad” al rechazar el segundo proyecto de la compañía estadounidense Cordish para levantar un macrocomplejo de ocio en Torres de la Alameda bajo la fórmula de Centro Integrado de Desarrollo (CID).
El Gobierno de Cristina Cifuentes quiere ahora modificar la ley para que esos centros solo puedan llevarse a cabo en suelos públicos o donde no haya que modificar los usos.
La Comunidad de Madrid tomó una decisión “conforme a la legalidad” cuando el viernes por la tarde anunció su segundo ‘no’ al proyecto de ‘resort’ de ocio en Torres de la Alameda que impulsa el grupo estadounidense Cordish.
Para el portavoz del Ejecutivo de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, “lo contrario” hubiera supuesto vulnerar las conclusiones de varios informes propios y uno encargado a una empresa auditora que desaconsejaban permitir el macrocomplejo como Centro Integrado de Desarrollo (CID), ha señalado este martes.
Solo en suelo público
Para favorecer la llegada de Eurovegas, el PP de Esperanza Aguirre y luego Ignacio González creó este paraguas legislativo destinado a favorecer a grandes inversiones, a los que simplificaba la burocracia y ofrecía facilidades económicas.
Sin embargo, la Comunidad no está dispuesta a entregar este ‘sello’ ahora a Cordish, un privilegio que solo puede otorgarse cada diez años.
Es más, el Ejecutivo de Cifuentes quiere reformar algunos artículos de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo para que estos CID “solo puedan llevarse a cabo en suelos de titularidad pública o terrenos que no requieran modificación de los usos“.
A cuenta del constructor
Esta iniciativa del Gobierno Cifuentes bloquearía una tercera intentona en los suelos -privados- que Cordish ha ido adquiriendo en Torres de la Alameda para llevar a cabo su proyecto por este atajo burocrático. Solo le restaría ahora acudir a la vía ordinaria o cambiar de ubicación. El Ejecutivo ya adelantó este cambio normativo a la prensa el pasado viernes.
La Comunidad quiere blindarse además ante futuros desembolsos asociados a estos desarrollos. La modificación legal -que de momento es solo una idea que ha puesto en común este martes el Consejo de Gobierno y todavía tiene que iniciar su trámite- busca que sea el adjudicatario el que pague las infraestructuras aparejadas que defina la Administración.
Ese alto coste derivado que acarrearía la construcción ha sido uno de los principales puntos de fricción ya que, con la ley actual, podría tener que acometerlo la Comunidad. Y eso que la constructora -que ha dicho que irá a los tribunales-, se había comprometido a sacar ese dinero de su bolsillo.
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