Aunque la empresa de Daniel Galimberti no estaba en los papeles, también iba a participar del negocio la familia Vila. La empresa iba a cobrar 240 millones de pesos en 10 años por la información on line de las máquinas, pero el Instituto del Juego suprimió el contrato y pagaría sólo 12 millones a cambio de quedarse con los equipos informáticos.
El Instituto de Juegos y Casinos busca cerrar un acuerdo extra judicial con la empresa Sielcon, una firma con la cual el año pasado se había habilitado un contrato millonario para el control on line de las máquinas tragamonedas de los casinos públicos y privados.
El contrato con la Provincia iba a reportarle a Sielcon, que tiene entre sus socios al empresario Daniel Galimberti, ingresos por 240 millones de pesos a lo largo de 10 años. Sin aparecer en los papeles, detrás de Sielcon estaba el mendocino Freddy Vila, que ya participa del negocio a través de la explotación de las máquinas tragamonedas del Casino Central.
La primera etapa del contrato (control de los casinos estatales) fue puesta en práctica en setiembre del año pasado por el anterior presidente del Instituto de Juegos, Carlos Bianchinelli. Pero su sucesora, Josefina Canale, consideró que este sistema era innecesario y caro, por lo cual le dio de baja.
Esa medida abrió las puertas a un litigio judicial que preocupa a los funcionarios de Cornejo, pero que también daña la imagen de Sielcon en el negocio del juego. Por eso se abrió una negociación en la que ambas partes tendrían interés en avanzar.
El acuerdo en ciernes consiste en que el Instituto del Juego absorba la inversión realizada por Sielcon para instalar el control on line de las tragamonedas, a cambio de que la firma desista del juicio iniciado. El organismo está dispuesto a pagar unos 12 millones de pesos por el equipamiento, que sólo en parte se usaría en los casinos.
Servidores nuevos para el Estado
Para el IPJyC, esta inversión sería ventajosa. Una de las razones es que varios servidores de Sielcon, que no pueden ser retenidos por la Provincia porque son de los privados, tendrían como destino la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Dirección General de Escuelas. O sea, producirían una modernización tecnológica necesaria, principalmente en el Gobierno Escolar.
El precio entra en ese cálculo. Ocurre que los equipos fueron adquiridos el año pasado y el IPJyC sólo tendría que pagar los montos que esas facturas de Sielcon señalan. Es decir que, a pesar de la inflación, pagaría los servidores al precio de hace un año.
Por otro lado, de acuerdo con la idea del Gobierno, con este pago de 12 millones de pesos (5 por ciento de lo que debía remitirle a Sielcon a lo largo de una década) se anularían facturas por cerca de 6 millones de pesos que la empresa ya había emitido por los servicios prestados en el último trimestre del año pasado.
El cuestionado contrato
Canale anunció la baja del contrato con Sielcon en abril. «No tiene sentido pagar por una información que se recibe de manera gratuita», dijo la funcionaria en ese momento, en referencia a que habría un control paralelo de las tragamonedas. Bianchinelli, por su parte, criticó la medida y dijo que impediría aumentar la recaudación impositiva.
La presidenta del IPJyC consideró también que el contrato agregaba más gastos a un organismo que por entonces acumulaba deudas por 200 millones de pesos correspondientes a los ejercicios 2014 y 2015.
La gestión saliente dejó una deuda con proveedores de 109 millones de pesos que las autoridades actuales, casi un año después, aseguran ya haber pagado. Sin esa deuda, el juego oficial podría haber destinado este año más de 200 millones de pesos a programas de salud, aseguran.
Dotar de recursos a la salud, además de acotar el juego ilegal, son los objetivos que justifican la existencia de un ente estatal para administrar casinos y juegos azar. Un órgano que siempre ha servido también para que oficialismo y oposición se repartan cargos públicos.
En el medio de la crisis financiera, los dos millones de pesos que se iba a llevar Sielcon por mes por el control on line de tragamonedas no sonaban razonables. Más teniendo en cuenta que la inversión privada en los equipos y su instalación eran la parte más importante. Equipos que, además, no iban a quedar para el Estado al final del contrato.
Ahora sí los incorporaría el Estado provincial. Pero para eso hará falta que el arreglo extra judicial tenga aprobación de los organismos de control y de asesoría legal. Prima la cautela en ese sentido, hasta que se expresen la Fiscalía de Estado y la Asesoría de Gobierno.
mdzol.com