La pérdida de negocio es ya «irrecuperable» y las administraciones han tenido que prescindir de un centenar de trabajadores en dos años.
Menos venta de lotería, menos negocio para el sector de las administraciones (unas 400 en la provincia), menos empleo y menos recaudación para las arcas del Estado como consecuencia del ‘tasazo’ del 20% que impuso hace dos años el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a los afortunados ganadores de premios. El sector alzó ayer la voz y lo hizo a través de Anapal, la principal asociación que agrupa a las administraciones dedicadas exclusivamente a la venta de Loterías y Apuestas del Estado para exigir al nuevo Gobierno que salga de las urnas el próximo día 20 la supresión inmediata de dicho gravamen.
La merma del negocio empezó de la mano de la crisis, hace siete años, pero recibió su mayor puntilla el 1 de enero de 2013, fecha en la que entró en vigor el gravamen del 20% del ministro Montoro sobre los premios de la lotería y el resto de apuestas del Estado que organiza el organismo de la Administraciòn central Selae y que son superiores a los 2.500 euros.
Según explicó ayer a este diario el delegado en la Comunitat Valenciana de la asociación Anapal, Josep Manuel Iborra, esta fecha está escrita a fuego en la red comercial de las administraciones de lotería de la región, porque en apenas veinticuatro meses las ventas se han desplomado un 20%. Y, lo que es peor, en opinión de Iborra, «ya no son recuperables». «Esto ha afectado de modo sicológico a gente que llevaba muchos años, hasta medio siglo, abonada al mismo número todas las semanas o que jugaba las mismas series de números desde los años 80 en la Lotería Primitiva, cuando arrancó este juego y ha encontrado su excusa para dejarlo», añade Iborra.
A nivel nacional, la asociación Anapal esgrime varias cifras para reflejar su estado de preocupación. El ‘tasazo’ de Montoro ha supuesto ochocientos puestos de trabajo menos, de los que un centenar se han perdido en la Comunitat Valenciana. Además, el sector estima en 600 millones de euros en apenas dos años la caída de recaudación por parte del Ministerio de Hacienda, las arcas del Estado. Entre un 10% y un 12% es la parte que corresponde a la Comunitat Valenciana, según Iborra: unos 60 millones de euros menos de recaudación por parte del Tesoro Público en esta región, una de las que mayor actividad tenía y sigue teniendo en los distintos juegos de azar que organiza el ente Selae.
Otra de las consecuencias que está acarreando este impuesto a los premios es el traspaso masivo de negocios, que ha podido afectar a una cuarta parte en la región, según explica Iborra. «La medida ha sido muy perjudicial, porque esa afectación sicológica del cliente por la tasa se ha trasladado a loteros de toda la vida, que han decidido ceder y alquilar o traspasar sus negocios».
La ‘patronal’ del sector ha aprovechado el final de la campaña electoral y la inminencia del principal sorteo del año, el de Navidad, para hacerse oír y dar a conocer sus reivindicaciones. Exigen al nuevo Gobierno la supresión urgente de la tasa, «porque hasta la Selae admite abiertamente a Anapal que lleva dos años sin recaudar lo previsto», añade el empresario valenciano Iborra, que es vocal de la junta nacional de dicha asociación. «No está llegando a la horquilla entre 2.200 y 3.200 millones de euros que preveía la Onlae cada año», añade.
Los loteros, que estos días ven más animados sus negocios por el tirón evidente del sorteo extraordinario de Navidad, creen que la recaudación del Estado ya era suficiente con la distribución del precio del juego. A saber, de los veinte euros de un décimo, el 70% se devuelve en premios y, del 30% restante, el 25% se dirige directamente al Tesoro Público y el 5% restante es para gastos de producción de los décimos. «Es por este motivo que los premios siempre han estado exentos de impuestos hasta la imposición de Montoro», recuerda Iborra.
Iborra y su presidente nacional, Manuel Izquierdo, «esta tasa debería haber sido provisional», por lo que exigen que, ante los indicios de mejora en el consumo, el empleo y el PIB, se suprima de los presupuestos generales del Estado para el próximo año.
Hasta ahora, todas las reivindicaciones del sector han caído en saco roto. Iborra recuerda que lo han intentado «por activa y pasiva y en mayo de 2015 se reunieron, junto a Fenamix, que es la asociación que integra la red de establecimientos mixtos como bares, papelerías y estancos, más de doscientas mil firmas de ciudadanos que exigían la retirada del 20% famoso, que fueron entregadas al ministro Cristóbal Montoro.
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