El tercer recurso de protección que acaba de presentar Boltd-Peralada en su disputa con el Gore del Biobío dejó debates de culto. La irónica presentación avasalla los argumentos de los consejeros que favorecen el proyecto de Marina del Sol.
En su tercer recurso de protección, con orden de no innovar incluida, el abogado del consorcio Boltd-Peralada, Ricardo Abdala Hirane, termina de sancionar la indigesta relación que tiene con el Consejo Regional, Core, el que ha votado en tres ocasiones por dejar sin puntaje al proyecto de casino que el grupo quiere instalar en Chillán, dejando en situación de ventaja al operador de la zona Marina del Sol.
El caso ya es un escándalo. En la primera votación de junio de 2014, el Core ni siquiera puso argumentos ni informes para sustentar su voto en contra del proyecto. Luego del dictamen de la Corte Suprema el Core repitió la conducta y puso ante el tribunal de alzada penquista informes que, esta vez, Abdala los adjudica a un mero ‘googleo’.
Para su tercera votación, el Core creó una subcomisión, donde incluso participó Luis Santibáñez, quien luego en la sesión no votó, pues se inhabilitó al haber adelantado públicamente su posición, lo que no le impidió estar en la subcomisión.
Además, la misma subcomisión contó con la consejera Alicia Yáñez (PPD), quien se bajó de dicha instancia y luego en el pleno del Consejo dijo que no compartió la argumentación que se quería elaborar en la instancia intermedia.
En este tercer reclamo ante la Corte, Abdala deja los rodeos jurídicos y lanza toda la artillería. Directamente afirma que los consejeros están intentando cambiar el “envoltorio” de la argumentación, aunque en realidad el fondo no varía.
“La gran mayoría de los miembros del Core e incluso el Intendente públicamente han señalado que esta vez, segunda votación, lo que les faltó fue acompañar en forma debida los informes que ellos dicen haber tenido a la vista, y con dichas declaraciones, ciertamente tratar de sortear el problema de fondo existente en su actuar y pretender que el cumplimiento de las sentencias se satisfacía sólo con tener que cumplir con un aspecto formal, que era lo que el tribunal superior de nuestro país le había ordenado, es decir, acompañar los informes en que habría basado su decisión… Sin lugar a dudas el Gore en su tercera votación buscó vestir de mejor forma una decisión ya tomada, olvidando que los argumentos deben ser idóneos, ajustados a supuestos de hecho, y verificables”, dice en el escrito presentado la semana pasada en Concepción.
El recurso agrega que al igual que en la votación anterior, “la motivación de este tercer pronunciamiento se construye en forma ad hoc para justificar una decisión ya tomada con anterioridad”. En este sentido, advierte que lo más grave es que, en esta ocasión, “con un afán casi de porfía y desacato evidente, en este nuevo pronunciamiento hay un evidente exceso de poder, al evaluar la postulación al permiso de operación de casinos de mi representada, no sólo excediendo sus competencias, sino que además buscando una justificación precaria y de grave fundamentación, con el único fin de mantener los dos pronunciamientos anteriores…”.
La tesis sin nota
La defensa de Boldt Peralada argumenta duramente en contra de los informes que usó la subcomisión del Gore para votar en contra de su proyecto.
Advierte que “todo acto de autoridad requiere de motivación o fundamentación que lo justifique, ya que las prerrogativas que la ley entrega a los funcionarios públicos tiene, entre otros, sus límites en la razón y en la necesidad del buen servicio, no pudiendo ser entregados al mero capricho o el solo parecer de quien ejerce la función pública”.
En esa línea, detalla una serie de críticas a las justificaciones del Gore para la votación, cuestionando el uso de Google por parte de la autoridad. Afirma que, desde su tercera votación se evidencia que la motivación para los votos radicó en el uso de reglas de las máximas experiencias que le permitirían, a juicio del Gore, “aseverar y concluir como lo hacen”. “Luego, para efectos de respaldar sus opiniones, anexan tres documentos que catalogan de informes, bajados con una básica búsqueda de Google, sin siquiera informar si contaron con otros informes que contrarresten dicha información”, recalca.
La defensa de Boldt cuestiona que no basta solo con señalar que han usado las máximas de la experiencia para argumentar, si no se elabora o fundamenta cómo dichas máximas se construyen.
“No se comprende cómo, existiendo dos casinos ya en la región, próximos a centros universitarios donde existe evidentemente una facilidad de acceso al juego, y sin que exista un cuestionamiento de su parte a la ludopatía, no la aplica la misma experiencia o reglas”, dice Abdala, agregando que como las máximas de la experiencia “claramente” son aplicables para dos casos iguales, “si se estima que el proyecto de mi representada tiene externalidades negativas, en relación con la ludopatía, el otro proyectos a metros de distancia, también lo tiene”.
“No aplicar las máximas de la experiencia a ambos en forma similar es una desigualdad, discriminación que hace que el pronunciamiento sobre la postulación de mi representada sea arbitraria”, sostiene.
Los abogados abundan en descalificaciones a los informes que usaron los consejeros del Biobío. “Los supuestos informes que vienen a corroborar sus conclusiones están lejos de llegar a la misma afirmación y lo que es más grave ninguno de ellos siquiera se encuentra avalado por algún medio serio. Si ellos van a ocupar informes de expertos, tienen que acreditar la idoneidad y experiencias de quienes emiten los informes. Si esto no se acredita, esos informes no tienen peso ni pueden considerar, sin siquiera estar validados por los autores. ¿Acaso la autoridad administrativa puede bajar cualquier documento desde internet y con ello motivar un acto administrativo?», se cuestiona la defensa de Boldt.
Advierte, asimismo, que la Ley 19.880 fija las reglas respecto de la incorporación de informes y que, en tal contexto, la regla de solicitud de ellos parte del hecho de que el Estado los requiera. “Aquí se trata de informes que no han sido requeridos sino que simplemente buscados en internet con tal propósito. ¿Qué expertos los revisó, qué autoridad administrativa los ha considerado o universidad? Acaso al estándar del gobierno regional le basta con bajar informe de internet en que no se consta su autenticidad, o acepta en otros proyectos que se le presente, informes de esta naturaleza y esto les baste para fundamental cualquier decisión?”, interpela Boldt.
Candy Crash
Abdala le enrostra al Gore, además, que de hecho tenían un informe elaborado por un experto en ludopatía a nivel regional, el “prestigioso” psiquiatra Julio Brizuelas, que –afirma– es reconocido mundialmente como especialista en ludopatía, que ha asesorado a corporaciones para asegurar el juego responsable en el país.
Asegura Boldt que dicho informe está en el recurso de protección que se presentó ante la Corte, el cual –precisa– se le puso en antecedente al Gore, pero que ni siquiera fue observado. Dicho trabajo apunta a juegos populares, como Candy Crash.
“Dicho informe es concluyente en señalar que la ludopatía en jóvenes universitarios no se presenta a nivel de casinos regulados. Los jóvenes se ven afectados, por los juegos online de internet, en el que participan en torneos de poker, Black Jack, incluso tragamonedas, sumados a otros juegos de consola, o juegos que pueden realizarse fácilmente a través de celulares, como lo ha sido Candy Crash. La facilidad de acceso al juego y apuesta en los jóvenes, no es a los casinos en su generalidad, más aun cuando en Chile se cobra entrada como un impuesto obligatorio, y eso por sí solo constituye una barrera de entrada o cortapisa”, señala el escrito.
Luego, la defensa arrasa con el informe elaborado por una estudiante de psicología de Guatemala, uno de los trabajos usados por el Gore para sustentar su votación.
“¿Por qué razón esta subcomisión elabora un pronunciamiento desfavorable tomando como antecedentes a una estudiante en Guatemala en una tesis de pregrado que tiene una muestra de 8 estudiantes? ¿Se basa en lo escrito en una página web, que ni siquiera es un informe, de una fundación llamada Belén de España que explica lo que es la ludopatía, y otro habla de la ludopatía de los jóvenes en la ciudad de Murcia sin que se analice la cercanía de los estudiantes a un casino de juego? Ninguno de los tres seudodocumentos se ponen en la hipótesis de la situación de estudiantes en un centro universitario cercano a un casino de juegos”, plantea Boldt.
El motel por hora
La argumentación de Boldt luego llega incluso a la ironía. En su argumentación cuestiona que el Gore advirtiera de un impacto a la Estrategia de Desarrollo Regional (EDR) por el efecto que tendría la ludopatía a partir del hecho de que la EDR entregue como lineamiento estratégico la promoción de hábitos de vida saludable.
Dice que resulta absurda la afirmación del Gore en cuanto a que instalar un casino a 800 metros de la Universidad Pedro de Valdivia iría contra el lineamiento de vida saludable y generar una relación armónica con el medioambiente de su entorno, considerando que hoy opera un motel por hora en el mismo lugar. “Claramente no conocen el lugar, porque hoy lo que funciona es un motel de parejas que pagan por hora a la vista y paciencia de todos los estudiantes y vecinos», detalla.
«¿Eso significa entonces que los estudiantes están expuestos a tener relaciones de tipo clandestino y ocasionales? Es decir, es preferible que siga un motel de esas características porque eso sí genera una relación más armónica con el entorno”, expone Abdala en su recurso.