Empresas aseguran que a partir del 2018 no será rentable otorgar el alto porcentaje de ingresos que dan a los municipios, más los otros impuestos.
Con aplausos celebraron los alcaldes la nueva legislación que extiende hasta 2017 las licencias de salas municipales. Según aseguraron, esta normativa les permitirá mantener los ingresos que reciben hoy de parte de los operadores y que representan un porcentaje importante de los recursos edilicios (32% en promedio, aunque en el caso de Viña del Mar bordea el 50%). Sin embargo, esta realidad duraría solo dos años. A partir del 2018 las siete salas municipales se homologarán con la industria, por lo cual, además de pagar un porcentaje de sus ingresos a los municipios -10% de sus ingresos como piso- , deberán cancelar un tributo por entradas y un 10% a los gobiernos regionales.
Los operadores advierten que a partir de ese año será imposible destinar el alto porcentaje de ingresos que entregan hoy las salas a los municipios de los que dependen. «Es el espíritu, pero es muy difícil. Es imposible garantizar a los municipios lo que hoy reciben», aseguró hace algunas semanas el gerente general de Enjoy, Gerardo Cood. «Los municipios tuvieron que optar por mantener la ciudad o mantener los recursos. Ambas no dan», añadió el presidente de la compañía, Antonio Martínez.
Es que si bien el proyecto de ley -despachado por el Congreso a comienzos de mayo- establece dentro de los requisitos de postulación a licencias el concepto de oferta económica, este solo plantea que se deberá ofrecer una suma de dinero adicional al porcentaje del impuesto establecido, pero no que el mínimo debe equivaler a los recursos que ya se le otorgan al municipio. Esto, pues de ser así, el negocio no sería rentable, subrayan. «Es sabido que si se lleva a cabo como está ahora, los municipios pierden la posibilidad de mantener la rentabilidad que tienen actualmente», señala el gerente general del casino municipal de Arica -operado por Latin Gaming, que administra cinco salas en el país-, Hugo Manterola. «Lo que los municipios reciben hoy día no lo van a recibir definitivamente. Se podrá ofrecer un porcentaje más, pero nadie va a ofrecer lo que entrega hoy. Eso es imposible. No es rentable para ninguna empresa», subraya.
En Dreams -con seis casinos en Chile, entre ellos los municipales de Iquique y Puerto Varas- aseguran que deberá analizarse detenidamente cada proyecto. «Creemos que el modelo de oferta económica contribuirá a que solo los operadores más eficientes obtengan permisos de operación. Ahora bien, será necesario analizar caso a caso la realidad de cada municipio y sus expectativas en cuanto a los ingresos por concepto de impuesto al juego, de manera que sean realistas y compatibles con la rentabilidad del negocio», señaló el gerente general de la compañía, Jaime Wilhelm.
En esta línea, el gerente general de Marina del Sol, Juan Ignacio Ugarte, argumentó: «La ley obliga a garantizar los ingresos a los que el operador comprometa en su propuesta y, por lo tanto, es responsabilidad nuestra estudiar cuál es la carga impositiva máxima que resiste el negocio y cada una de las plazas a licitar, dada la rentabilidad esperada por los inversionistas».
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