El organismo de control pidió que el Instituto de Juegos justifique por qué se concedió este servicio a una empresa de Vila y Manzano sin licitación, a pesar de que había una suba del canon. También reclamó que explique por qué se decidió duplicar la ganancia del privado.
Los órganos de control siguen abriendo heridas en el contrato que rige desde 2011 entre el Estado provincial y una empresa del grupo Vila-Manzano para la explotación de las máquinas tragamonedas del Casino Central.
Tras la resolución de Fiscalía de Estado, se supo que también entró en juego el Tribunal de Cuentas, órgano que le ha pedido al Instituto de Juegos y Casinos que explique, justifique y argumente los beneficios concedidos a la empresa Mendoza Central Entretenimientos (MCE) en el convenio de hace dos años.
En particular, la parte resolutiva del dictamen emitido el 23 de abril por el Tribunal de Cuentas sostiene que Juegos y Casinos debe justificar por qué no hubo un llamado a licitación en 2011 por las tragamonedas a pesar de que se establecía una suba del canon y mayores plazos, además de la explotación de una confitería.
También piden desde el Tribunal «estudios y fundamentos» que justifiquen el aumento del canon de MCE del 26 al 47 por ciento, documentación que demuestre la caída de beneficios que se habían producido en el Casino Central y hasta una explicación de por qué no hay un control on line de la recaudación de las tragamonedas.
El reclamo de este órgano de control recae sobre la administración de Daniel Pereyra, quien condujo el Instituto de Juegos y Casinos durante el gobierno de Celso Jaque. Pero será su actual jefe, el ex legislador Carlos Bianchinelli, quien deberá dar las explicaciones del caso.
A la Legislatura. De hecho, Bianchinelli comenzó este martes con una ronda de conversaciones por el tema tragamonedas en la Legislatura, donde acudió para empezar a darle curso a lo que plantea el dictamen de Fiscalía de Estado.
Esto se debe a que el fiscal subrogante, Javier Fernández, señaló en su resolución que los legisladores, el Instituto de Juegos y el mencionado Tribunal de Cuentas deben evaluar si el contrato en discusión «provoca daño y perjuicio a la Provincia».
El funcionario estuvo con los diputados de la comisión de Hacienda y Presupuesto analizando el problema, aunque en ese ámbito sólo podrán aportar una opinión. En cambio, el poder de decisión lo tiene Bianchinelli, quien quiere evitar hacerlo en soledad y sin opiniones previas sobre el asunto. De hecho, falta que discuta qué hacer con el gobernador Francisco Pérez, a quien no pudo ver en los últimos días.
El corazón de la pelea con MCE es el aumento en etapas del canon de concesión, que de acuerdo a la renegociación de 2011, se debía elevar del 26 al 47 por ciento si la empresa producía una serie de inversiones. Esta ecuación desmejora considerablemente la recaudación del Estado provincial a favor del privado.
El Instituto de Juegos por ahora se resiste a pagar la última etapa de ese contrato (lleva el canon del 40 al 47 por ciento), aunque Bianchinelli ha hecho pública la presión de la empresa de Vila y Manzano para cobrar una deuda que ya ronda los 5 millones de pesos.
Fiscalía de Estado no ayudó al funcionario para que tomara una decisión en este sentido. Sin embargo, dejó claro en su dictamen que el servicio no se podrá prorrogar automáticamente en junio de 2014, por cinco años más, ante el solo pedido del concesionario, como figuraba en el acuerdo de 2011.
También disparó contra la concesión del servicio de confitería y bar, que se incluyó en el mismo paquete y que fue tercerizado por MCE.
Prudente. Ante este dictamen y la aparición de un planteo del Tribunal de Cuentas, Bianchinelli prometió que no firmará «nada» a favor del MCE hasta que se hagan todas las consultas.
Eso sí, por otro lado, mostró ante los legisladores los incrementos de recaudación que generaron las máquinas tragamonedas de MCE (ver aparte) y señaló que el Estado debería invertir 11 millones de dólares para suplir los aparatos que esta firma colocó en el Casino Central.
El funcionario cree también que la Provincia podría sufrir un juicio si no cumple el contrato con MCE y eso explica su prudencia. «Doy mi palabra a los mendocinos de que haré todo para que el Estado no pierda un solo centavo. Entiendo que esa es mi tarea y por eso soy prudente», explicó este martes en diálogo con Elevediez.
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