EL CONGRESO DE BRASIL CREA COMISIÓN ESPECIAL
El Congreso de Brasil creó una comisión especial que investigará los vínculos entre el jefe de una mafia del juego ilegal con políticos, policías y empresas privadas, tentáculos que han generado un escándalo de enormes proporciones.
La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), que tendrá poderes para levantar el sigilo bancario, fiscal y telefónico de los acusados y para interrogar a cualquier persona, estará integrada por 15 senadores y el mismo número de diputados federales.
Se prevé que comience sus trabajos la próxima semana, después de que cada partido político indique los congresistas que la integrarán.
Según la petición que justificó su creación, la comisión tendrá que investigar “prácticas criminales” cometidas por el jefe del juego ilegal Carlos Augusto Ramos, conocido como “Carlinhos Cachoeira”, con la “participación de agentes púbicos y privados”.
Los vínculos de Ramos con diferentes políticos, principalmente de la oposición pero también oficialistas, fueron revelados por escuchas telefónicas realizadas legalmente por la policía en desarrollo de dos investigaciones contra redes de corrupción que favorecían a empresas interesadas en contratos públicos a cambio del pago de sobornos.
Las conversaciones telefónicas comenzaron a ser filtradas a la prensa el mes pasado luego de que la Policía Federal efectuara varias operaciones para arrestar a los acusados de integrar las redes de corrupción, entre ellos el propio Ramos.
El jefe del juego ilegal, preso desde el 29 de febrero, es acusado de ser el jefe de una red de corrupción que se ha infiltrado en diferentes gobiernos regionales y que envuelve a parlamentarios, policías y empresas.
Entre los políticos salpicados por el escándalo figura el senador Demóstenes Torres, hasta hace un mes un importante líder de la oposición y adalid de campañas moralistas en el Congreso, que fue presionado a abandonar el partido Demócratas (DEM) y está amenazado con la pérdida del mandato.
Las escuchas también comprometen al gobernador de Brasilia, Agnelo Queiroz, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), la formación de la presidenta Dilma Rousseff, y al gobernador del estado de Goiás, Marconi Perillo, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El escándalo también puede afectar a la constructora Delta, que se ha adjudicado millonarios contratos en diferentes estados de Brasil, principalmente en Río de Janeiro.
Delta, empresa que ha realizado aún no explicados depósitos millonarios en empresas de la red encabezada por Ramos, es la constructora que más ha firmado contratos con el gobierno de Rousseff para el llamado Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC), un millonario plan de inversiones en obras de infraestructura.
El amplio apoyo obtenido por la CPMI demuestra que ésta fue votada por parlamentarios oficialistas y opositores, posiblemente atentos a la demanda de la opinión pública, que en diversas encuestas muestra creciente rechazo al desvío de fondos públicos y la impunidad de los delincuentes.
Apodado como “Carlinhos Cachoeira”, Carlos Ramos es uno de mayores financistas del Juego del Bicho, la popular quiniela clandestina que mueve el equivalente a millones de dólares en Brasil cada año. Sin embargo, la red de corrupción que capitaneaba Cachoeira, no se retringía a controlar el rentable mercado “bicheiro” (quiniela) y todo indica que sus tentáculos se extendieron hasta la construcción civil, a través de la empresa Delta, cuyos contratos con el Estado crecieron el 2.000% en 8 años, según informaciones obtenidas por la Policía Federal.
La constructora Delta firmó contratos por miles de millones de dólares con el Estado para ejecutar obras del Programa de Aceleración del Crecimiento, principal plan del gobierno de Dilma Rousseff. Parlamentarios del Partido de la Socialdemocracia Brasileña, principal fuerza opositora, dejaron trascender hoy que van a exigir una “investigación a fondo” de las obras concedidas a Delta, porque esto afectará directa o indirectamente aRousseff.
Una investigación publicada hoy por el diario Estado de Sao Paulo indica que Cachoeira posiblemente utilizó a la constructora Delta para ganarse la simpatía de políticos a los cuales la empresa les financió sus campañas electorales.
Las revistas del último fin de semana dan cuenta de la penetración de Cachoeira en la estructura de poder de algunos gobiernos estaduales, como los de Brasilia y Goias, además de presunta presencia en Rio de Janeiro.
Un ex agente de los servicios de inteligencia durante el gobierno militar, Idalberto Matias de Araújo, alias “Dadá”, es quien comanda una presunta red de informantes e intercepciones telefónicas ilegales a órdenes de Cachoeira.
Según la revista Isto E el espia Dadá, procesado, también cuenta con el apoyo de la policía de algunos estados.
Curiosamente la policía penitenciaria de Brasilia se declaró en huelga hoy, el mismo día en que Cachoeira arribó a la capital federal para quedar alojado en la cárcel de Papuda.
Legisladores plantearon hoy, al igual que lo hizo ayer la Procuraduría Federal, la conveniencia de que el poderoso Carlinhos Cachoeira regrese al presidio de máxima seguridad de la región noreste donde estuvo detenido hasta ayer.