AL CASINO BARILOCHE LE COBRARON EL MONTO MÁXIMO
El municipio aplicó el 4 por ciento de lo facturado por el Casino como parámetro de cálculo para la aplicación de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH). Es lo máximo que permite la legislación vigente. Entretenimientos Patagonia pagó más de 213 mil pesos, pero “bajo protesto” y mantiene la judicialización por la supuesta “inconstitucionalidad” de la aplicación de la Tasa en esas condiciones. La empresa también está cancelando deuda correspondiente a 2011.
Bajo la consigna de “cobrarle lo que más el conviene al municipio”, el Ejecutivo local aplicó el parámetro del 4 por ciento sobre lo facturado el mes de mejores ingresos, para determinar el monto de TISH del Casino. Así, la empresa Entretenimientos Patagonia S.A. -concesionaria de la casa de juegos-, abonó 213.875 pesos por la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene. Pero lo hizo “bajo protesto”, tal como lo viene efectuando desde que el municipio modificó la fórmula para calcular el monto a aplicar, durante la gestión anterior.
La ordenanza vigente, con una confusa redacción, permite tanto la aplicación de una Tasa equivalente a 40 mil módulos fiscales (80 mil pesos), o el equivalente al 4 por ciento del mes de mejor facturación, según denuncia propia de la empresa. De esta forma, durante 2011, y de acuerdo a los ingresos de la firma durante el año anterior, el monto superaba los 280 mil pesos.
La presentación de los datos de facturación por parte de Entretenimientos Patagonia son chequeados por el municipio con la información que la propia firma eleva a Lotería de Río Negro, organismo concedente de la explotación del Casino.
Con estos datos, el municipio exigió un pago de más de 213 mil pesos para la primera cuota de la TISH 2012. Ya el intendente Omar Goye había anticipado que se aplicaría, de la ordenanza, el concepto que “más convenga” a las alicaídas finanzas municipales.
Paralelamente, el Casino está cancelando deuda de 2011, siempre bajo la modalidad “bajo protesto”, teniendo en cuenta el proceso de judicialización, a través del cual la empresa pretende la declaración de “inconstitucionalidad” del texto de la norma que permitió aumentar considerablemente el monto de la TISH.
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