LAS COSAS SIGUEN SIN FUNCIONAR
ENVIADO POR HORACIO SALAZAR
Esta vez hubo operativos en los que participaron los tres niveles de autoridad: Gobernación, el estado y los municipios implicados, en este caso General Escobedo y Guadalupe. Llegaron las autoridades con apoyo armado, procedieron a clausurar los casinos y remitieron a la delegación de la PGR a empleados, encargados, funcionarios y hasta clientes de los dos casinos cerrados, el Malibú y el Riviera.
¡Oh, maravilla!, respondió con aire feliz el Gobierno del Estado: en esta ocasión la dependencia federal respondió un día después de que el gobernador Rodrigo Medina reclamara con energía su actuación. Ahora sí funcionan las cosas.
Pero la verdad es que las cosas siguen sin funcionar. O al menos, sin funcionar como debieran.
Me explico. Llegaron las fuerzas de la ley a los casinos, les implantaron sellos de clausura con el logo de Gobernación y en un caso también los municipales, y luego procedieron a ordenar que los empleados subieran en autobuses para llevárselos a declarar. En el caso del Malibú, se desalojó a casi un centenar de clientes que jugaban en el interior; en el del Riviera, se desalojó a casi medio centenar de jugadores, pero cinco fueron incluidos en el lote de remitidos a la delegación de la PGR.
Como si resguardaran un secreto de Estado, los encargados de los dispositivos se mantuvieron callados. Se limitaron a decir que la delegación de la Procuraduría General de la República informaría al respecto.
Hasta el momento de escribir esto, los empleados y los cinco clientes seguían retenidos en la PGR, y por lo que algunos de ellos alcanzaron a comunicar a sus familias antes de que les quitaran los teléfonos, parecería que estaban en calidad de detenidos.
Lo que como periódico pudimos saber fue todo extraoficial, dimes y diretes, datos sueltos: se supone que en el caso del Malibú, había personas fumando en un espacio cerrado y las medidas de seguridad no eran las de rigor. En el Riviera según esto, el establecimiento funcionaba sin un permiso.
Puede ser que hubiera irregularidades, puede ser que en la operación haya delitos, puede ser que una vez despejado el humo en efecto haya motivos de clausura. Pero apenas el martes dijo el secretario de Gobernación que la prioridad del Gobierno actual es “el pleno respeto a los derechos humanos de los ciudadanos”. Lo dijo al inaugurar en Xalapa el Foro Seguridad con Legalidad.
Todos queremos más seguridad, y ansiamos que esa seguridad se dé en el marco de la legalidad. Queremos creer que los afanes de las autoridades van en ese sentido. Pero no nos ayuda a sentirnos confiados el que estas operaciones se den sin información, a oscuras, como si estuvieran haciendo algo malo.
¿Que están cuidando el sigilo de la información? ¡Pues al menos digan eso, para que la gente entienda! Pero no: ni una palabra para el público que les paga, ni para las familias de los empleados, que siguen en la incertidumbre acerca de sus parientes.
¿Entonces qué? Aún no tenemos claro, como país, qué es lo que queremos. Si en verdad no queremos tener casinos, no se nota. La excusa de los permisos es eso: una excusa, porque en nombre del interés público se pueden inventar soluciones. La excusa de que los jueces amparan a casinos ilegales también es una burla, porque también hay jueces que se resistirán a proteger cosas de plano ilegales.
Pero también está claro que si tenemos casinos, llámense como se llamen y sean de quien sean, es porque tenemos una vena de apostadores suficiente para que los casineros le apuesten a ganar poniendo establecimientos de legalidad precaria.
Navegamos entre una indignación pía pero hipócrita, y un valemadrismo que deja pocos márgenes de acción a la autoridad.
Un reportero me comentó que cuando se dijo a algunos clientes que se disponían a entrar a un casino que el establecimiento operaba ilegalmente, ignoraron la advertencia y se metieron al local: ¡nomás eso faltaba, que alguien les coartara su sacrosanto derecho a perder su dinero! Qué maravilla de país.
blogs.milenio.com