EN MADRID CONTINÚA LA POLÉMICA
El Ayuntamiento de Madrid se ha unido esta mañana al Gobierno central en su rechazo a las exigencias fiscales del millonario estadounidense Sheldon Adelson para crear un macrocomplejo de juego y ocio. El proyecto ha contado hasta ahora con un fuerte apoyo de la Comunidad de Madrid.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, se mostró el lunes incluso dispuesta a cambiar “todas las normas que haya que cambiar” para allanar los planes del magnate de los casinos. Sin embargo, tras la toma de postura del Consistorio y del Gobierno, elnúmero dos del Ejecutivo regional, Ignacio González, ha negado que vaya a permitirse “una isla fiscal” si finalmente se lleva a cabo. «No hay que buscar polémicas, si no se reforma la ley es que no hay ninguna isla legal», ha reiterado.
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó ayer que las reglas de inversión en España son «claras» y resulta inadmisible crear «un paraíso fiscal» en su territorio. El vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, ha coincidido esta mañana en que “las islas [fiscales] no son posibles ni en España ni en la Unión Europea”. Rechazaba así explícitamente el modelo propuesto por Aguirre, empleando las mismas palabras que ésta. La presidenta propuso el lunes un modelo similar al empleado en Londres para revitalizar la zona de muelles del Támesis, donde se creó “una isla” normativa para favorecer la impresión privada.
«Colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades”
El vicealcalde de Madrid ha añadido, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno municipal, que el proyecto debe liderarlo el Gobierno central “porque la mayoría de actuaciones requieren de un cambio legal estatal”. Villanueva ha coincidido con las palabras conciliadoras de Botella durante la rueda de prensa conjunta del lunes con Aguirre: “[Es un proyecto] interesante y colaboraremos en la medida de nuestras posibilidades”. Pero, sabedor ya del rechazo expresado por Montoro, abandonó a continuación la ambivalencia en la que se ha movido el Gobierno local hasta ahora para añadir: “Somos consecuentes con el respeto al marco legal y a los instrumentos jurídicos que en este momento conforman el marco legislativo en España. Las islas [normativas] no son posibles en España y en la Unión Europea”.
Queda por saber ahora qué responderá Aguirre. En su nombre, el vicepresidente regional se ha pronunciado en la misma línea que Villanueva y Montoro. El portavoz del Ejecutivo regional ha negado que vaya a permitirse “una isla fiscal” en el macroproyecto si finalmente se lleva a cabo. «No hay que buscar polémicas, si no se reforma la ley es que no hay ninguna isla legal», ha remachado. “Las conversaciones para este proyecto las iniciamos en 2007. El problema es que en 2008, este grupo inversor [del multimillonario Adelson] sufrió la crisis y lo paralizó. Este grupo ha conseguido superar esta crisis, ha hecho inversiones importantes en otra parte del mundo, ha decidido retomar el proyecto y desde hace unos meses-un año se ha vuelto a poner en marcha”, ha explicado, para insistir en que «no va a haber una isla fiscal».
Hace tan solo una semana, en el Consejo de Gobierno del pasado 19 de enero, González se mostró más partidario del proyecto del casino, informa Pilar Álvarez. A la pregunta de si el Gobierno regional cedería ante las “extravagancias” de Adelson, González consideró que estaba “fuera de tono” considerar que las peticiones eran extravagantes. Aseguró que se trataba de “un proyecto muy serio” que va a generar “muchos puestos de trabajo” y del que se van a beneficiar “todos los españoles”. El vicepresidente recordó que la previsión es que invierta “10.000 u 11.000 millones de dólares” y comparó una de sus peticiones (la reducción de las tasas de juego) con la que prometió Aragón para otro proyecto, cuando aún estaba presidido por el PSOE y “vendía que iba a convertir Los Monegros en las Vegas de España”. González auguró entonces que el casino generaría “unos 300.000 puestos de trabajo y muchísimos ingresos de todo tipo”.
Sobre el interés de Cataluña en el proyecto, González ha recordado esta mañana que Madrid llegó antes y ha incidido en el trabajo en común “de todas las administraciones». «Yo personalmente había hablado con el ministro de Industria [del anterior Gobierno central], Miguel Sebastián, y ahora es exactamente igual, solo que con el nuevo Gobierno”, ha indicado. Según el portavoz, no hay ninguna fecha tope para cerrar las negociaciones.
El proyecto, para el que existen dos posibles ubicaciones -el barrio de Valdecarros en la capital y Alcorcón-, prevé la construcción de 12 hoteles temáticos, nueve teatros, tres campos de golf… y seis casinos, que con 1.065 mesas y 18.000 máquinas recreativas constituirían el alma y el motor económico del complejo. En total, de 15.000 a 18.800 millones de euros invertidos hasta 2022, y la creación de 164.000 empleos directos (y 97.000 indirectos). Es esa última promesa la que esgrime Aguirre para defender el proyecto. Pero tanto ella como el Ayuntamiento conocen desde hace meses las condiciones impuestas por el magnate, puesto que se han reunido con él una decena de veces el pasado otoño.
Las peticiones del magnate
Adelson exige, entre otras cosas, relajar el Estatuto de los Trabajadores, la Ley de Extranjería y las normas antiblanqueo de capitales; que se construyan nuevas infraestructuras (metro, tren, carreteras) y se traslade el vertedero de Valdemingómez y las chabolas de la Cañada Real; que se le ceda todo el suelo público en la zona, reubicando las viviendas protegidas y expropiando el suelo privado; y dos años de exención en el pago de las cuotas de la Seguridad Social y de todos los impuestos estatales, regionales y municipales.
Al menos este último punto rebasa las líneas rojas del Gobierno central, sin cuya colaboración el proyecto es imposible. El anterior Ejecutivo socialista también se reunió con el magnate y era favorable. Montoro afirmó ayer: “Obviamente, todo el mundo conoce las condiciones fiscales [en España]. Nadie pretende otra cosa». Además, dijo no conocer el proyecto a fondo («bastante tengo con lo mío»), pese a que Aguirre afirmó el lunes que había mantenido contactos con el actual secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. El lunes, Aguirre estableció como única línea roja a la hora de aprobar cambios normativos sus “valores y principios”, que son: “Respeto a la ley, garantía del cumplimiento de contratos, y que no se vulnere el respeto a las personas y los principios constitucionales de igualdad, justicia y pluralismo político”. Ayer, sin embargo, ya matizó: “Hay algunas exigencias a las que se puede acceder y otras a las que no, habrá que verlo”.
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