LA ENCRUCIJADA PLANTEADA EN LA LEY
La publicación de la ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego, supone una transformación notable que tiene diversos ángulos y problemas, uno de los cuales es el relativo al deporte.
En este punto, la nueva ley supone un cambio notable en el estatus previo: la responsabilidad en el pago del porcentaje de las quinielas -el 10% de la recaudación semanal que va a la LFP y la federación- pasa a ser estatal. Este simple hecho supone una complicación nada menor porque la ley no dice si el dinero que actualmente abona la Sociedad de Loterías y Apuestas del Estado (SLAE) debería pagárselo al Estado para que este haga frente a sus nuevas obligaciones, que pueden ascender a un millón de euros a la semana. Tampoco establece el mecanismo por el que una sociedad mercantil abona dicha cuantía.
A partir de aquí, el problema está servido. El Estado tiene la obligación, pero no tiene la habilitación presupuestaria específica porque en un escenario de presupuestos prorrogados no hay partidas nuevas y, como se ha dicho, esta es una obligación nueva. Así, el que tiene el dinero no tiene la obligación y el que tiene la obligación no tiene el dinero. Una encrucijada que necesariamente hay que solventar porque, de lo contrario, la liquidez de la competición está en entredicho, ya que esta aportación cubre esencialmente los gastos del denominado convenio de coordinación entre la federación y la Liga y el gasto corriente -entre ellos, el arbitraje- que se incluye en dicho convenio.
Adicionalmente, antes de Navidades, se aprobarán las primeras licencias sobre apuestas. A esta cuestión se refiere la ley del juego cuando señala que «(…) mediante ley se fijará el porcentaje o su equivalente para determinar la cantidad que será objeto de retorno al deporte (…)» Pues bien, la licencia se da, pero el porcentaje no ha sido señalado, y se mantiene la obligación de ceder los resultados, pero se margina el derecho al porcentaje. De esta forma, la regulación que se ha hecho pone en entredicho la percepción inmediata de la quiniela y no asegura la percepción de compensación alguna por la apuesta deportiva.
Parece claro que el juego necesita del deporte porque sus eventos son especialmente atractivos. El legislador, consciente de la importancia de la convivencia, estableció algunos mecanismos de retorno y compensación por utilizar el soporte informativo del deporte como elemento central del juego. Los términos en los que se ha hecho ofrecen, de momento, algunas dudas.
Alberto Palomar es profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid.
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