EL PRI MEXICANO PIDE REVELAR LOS NOMBRES DE LOS DUEÑOS DEL CASINO ROYALE
La diputación del PRI del estado de Nuevo León, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación, audite a la Secretaría de Gobernación por todas las irregularidades que se presentaron recientemente en el Casino Royale de aquella ciudad y piden que se ponga un frenó a la operación de centros de apuesta de todo el país.
Los diputados que coordina Eduardo Bailey Elizondo, reiteraron su demanda para que el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, pida licencia para que sea investigado sobre los lamentables hechos que arrojaron más de 50 muertos.
Asimismo, pidieron al Auditor Superior de la Federación que verifique cuál es el estatus de los permisos y de las concesiones que se dan el país, y solicitó al Instituto Federal de Acceso a la Información revele los nombres de las personas que conforman los consejos técnicos de todos los casinos, los socios y propietarios, para de una vez por todas transparentar esta situación de corrupción y mal uso de la función pública.
Es necesario poner un alto a la corrupción que ha prevalecido para permitir la operación ilegal de estos centros de apuestos, y señalaron que por un lado el gobierno federal persigue al crimen organizado y, por el otro, tiene mano laxa para dejar que de manera ilegal operen centros de apuesta en distintas regiones del país, por lo que es necesario hacer caer todo el peso de la ley a todos aquellos que infrinjan la ley, trátese de quien se trate.
Por ello, resaltaron, se debe mantener una tolerancia cero a la corrupción, sea ésta de funcionarios estatales, municipales o federales, pues la extorsión, venga de los criminales o de los servidores públicos, se debe castigar con la misma severidad.
Bailey Elizondo se pronunció por no permitir la impunidad, por lo que se tiene que llegar hasta sus últimas consecuencias en el caso del presidente municipal regiomontano y de su hermano Jonás, y enfatizó que la situación es altamente reprobable y por tanto «nos manifestamos porque las lleguen hasta lo más profundo de la investigación para esclarecer los hechos».
La diputada Marcela Guerra Castillo dijo que es necesario tener información sobre el por qué la dependencia de José Francisco Blake no ha cumplido sus obligaciones ante estas irregularidades y tener los pormenores acerca de la manera en que se otorgan los permisos y concesiones para la apertura de estas casas de juegos.
Añadió que la Secretaría de Gobernación sólo ha supervisado el 40 por ciento de los casinos que operan en el país, sin cumplir con la obligación de que tiene de vigilar el estricto cumplimiento de la legalidad en la operación de estos giros, lo que ha dado lugar a una serie de anomalías con funestos resultados.
Los legisladores, como Ildelfonso Guajardo Villarreal, refrendaron que ante la ola de violencia que azota al país y de cara a los problemas de corrupción que han quedado al descubierto, en la lucha por sanear el país, no debe haber medias tintas.
Recalcaron que el alcalde Fernando Larrazábal debe asumir la responsabilidad que le corresponde, si es que quiere deslindarse de los actos cometidos por su hermano Jonás, quien presuntamente obtenía dinero ilícito de los casinos, y cuyas acciones deberán ser sancionadas con estricto apego a la ley.
Asimismo, los diputados federales priistas reiteraron su objetivo de proponer al interior de la Cámara la creación de una comisión especial dedicada exclusivamente a atender los temas relacionados a la distribución y otorgamiento de permisos y a la proliferación de casinos que operan sin autorización.