LOS DRAMAS DE LA ILEGALIDAD
En México hay 32 empresas que operan salas de juegos ilegalmente, dice la APJS
De acuerdo con datos de la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJS), de las 320 empresas que operan salas de juego en el país aproximadamente, 32 operan de forma ilegal.
Las salas ilegales se encuentran principalmente en Coahuila, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas y Sinaloa.
Estos establecimientos operan con instalaciones que están a la luz pública, esto es, no están escondidas, incluso, una de ellas se encuentra frente a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Culiacán.
De acuerdo con información obtenida por Crónica, en Coahuila operan 14 de estos establecimientos bajo el nombre de Baby, Desert Sun, El Dorado, Gran Paris, Isla del Tesoro, La isla de Capri, Lucky 777, Macarena, Marraquesh, Montecarlo, Oasis y Sun City.
En Nuevo León son seis: Arlequín, El Ponde Majestica, Loteria Canasta, Paraiso 777, Win Win y Wynn.
En Sonora hay tres de nombre Las Vegas Club; mientras que en Tamaulipas son ocho: Bingo 21, Crazy Seven, Frontier, Isla del Tesoro, La Vagoneta, Sun City, Tropicana “Ritz” y Vica las Vegas.
Por último, en Sinaloa solo hay una sala bajo el nombre de Ermitage, la cual se encuentra frente a las instalaciones de la PGR de Culiacán.
Anteriormente la Asociación de Permisionarios de Juegos y Sorteos (APJS) ya había denunciado que la industria del juego enfrentaba problemas derivados de la ilegalidad y de la informalidad.
Y es que de acuerdo con sus datos, en la industria del juego las inversiones son de aproximadamente de mil 500 millones de pesos, además de crear más de 35 mil empleos directos y 97 mil indirectos.
En agosto del año pasado, el presidente Felipe Calderón envió al Congreso de la Unión la Iniciativa de Ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo.
En ella contempla, entre otras cosas, la obligación de reportar ciertas operaciones a las autoridades administrativas quienes se dediquen habitualmente a la realización de concursos, sorteos o juegos; otorgamiento de préstamos o contratos de crédito, emisión o comercialización de tarjetas de servicios o crédito; venta o arrendamiento de vehículos aéreos, marítimos y terrestres, entre otros.
Las obligaciones que ésta iniciativa de ley contempla para los sujetos obligados a reportar operaciones son: identificar clientes y usuarios que realicen operaciones reguladas, recabar y conservar documentación e información de sus clientes y presentar reportes a la Secretaría de Hacienda.
Al respecto, Alfonso Pérez Lizaur, presidente de la APJS, indicó que por las peculiaridades de la relación sala-cliente no deben aplicarse al sector del juego las mismas herramientas o protocolos de detección que para las entidades financieras, pues son actividades diferentes.
Además que en el caso de juegos y sorteos, señaló, únicamente deberían de quedar obligados a reportar los ganadores de premios mayores y no todos como lo indica la iniciativa de Ley.
Por un lado, explicó, las salas no pueden conocer al cliente porque en muchos casos su visita es esporádica, además que a su entrada del cliente no se le puede interrogar de donde sacó el dinero pues pondría en riesgo la relación.
“Imponer a los propietarios, directivos y trabajadores de las empresas permisionarias la obligación de convertirse en investigadores y delatores de los criminales, es injusto y pondría en riesgo su integridad física y moral”, enfatizó Pérez Lizaur.
Cabe mencionar que actualmente en la industria de salas de de juego existen 25 permisionarios, según datos de la Secretaría de Gobernación (Segob).
Fuente: http://www.cronica.com.mx