A la imputación de directivos y miembros de Conajzar y los allanamientos, se suma el pedido de trabajadores de la industria del juego de que el Poder Ejecutivo intervenga la Comisión.
El 2022 arrancó complicado para la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Primero, imputaron a ocho personas de la comisión por lesión de confianza, prevaricato y usurpación de funciones públicas, entre los que se encuentran el actual titular de la Conajzar, José Antonio Ortiz, y el exprocurador Sergio Coscia. Luego, en el marco de esa investigación, se allanaron las oficinas de Conajzar. Y ahora, son los trabajadores de la industria los que piden la intervención del Poder Ejecutivo.
En los allanamientos realizados por los fiscales Osmar Legal y María Estefanía González incautaron varios documentos que servirán para probar los delitos por los que están imputados José Ortiz (representante del Ministerio de Hacienda y presidente de la comisión); Carmen Alonso (titular de la Dirección de Beneficencia y Asistencia Social (Diben); Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior, de acuerdo con lo informado por el medio local La Nación.
Por su parte, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, “admitió la imputación el pasado viernes y fijó para el 19 y 20 de enero la audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se decidirá si son beneficiados con medidas alternativas o se decreta la prisión preventiva de los imputados”.
La investigación surge luego de la denuncia de los senadores Enrique Bacchetta, Esperanza Martínez y Jorge Querey presentada ante el Ministerio Público de Paraguay el pasado agosto contra la Conajzar. Los senadores denunciaron presuntas irregularidades al momento de adjudicarle las operaciones de loterías a TDP, mientras que también acusaron a Conajzar de infringir la ley al permitir la operación de máquinas tragamonedas en salones que no son exclusivos de juegos y al conceder un descuento en los impuestos aplicados a las empresas de la industria.
Otazú procesó penalmente por supuesta lesión de confianza, usurpación de funciones públicas, prevaricato y exacción a Ortiz Báez, así como a Sergio Coscia, ex procurador general de la República y actual apoderado del vicepresidente Hugo Velázquez, por presuntas irregularidades a la hora de adjudicar permisos de operación de tragamonedas.
Ante la actualización del caso, Anibal Salomón, representante de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, dijo que “es muy importante que se revoquen las concesiones mal otorgadas, como la quiniela, además del raro contrato en materia de juego de tragamonedas, que regulariza su uso en cualquier comercio”.
Por otro lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba), exige al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, que ordene la intervención de Conajzar y se anulen los contratos, según informa el sitio ABC Color.
Los trabajadores señalaron en un comunicado que acompañan la denuncia sobre los hechos irregulares y entienden que hay razones para que el Poder Ejecutivo tome “cartas en el asunto” y ordene la intervención de la comisión.
Felipe Eugenio Gómez Paniagua, secretario general del gremio de trabajadores del juegos de azar, dijo que su sindicato se mantendrá movilizado, “atento al desarrollo de este proceso para que de una vez por todas haya transparencia e impere la ley en la institución”.
La versión de TDP
Por su parte, en declaraciones a La Nación, el abogado José Fernández Zacur, defensor de Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA, aseguró que la firma no incurrió en hecho punible alguno.
“La SET pretende reclamar a TDP SA un impuesto luego de haberse derogado hace dos años cuando no lo hizo en ningún momento cuando estuvo vigente. La posición de la empresa es que se trata de un impuesto inaplicable por falta de reglamentación”, subrayó.
Por otro lado, manifestó que no existe la declaración falsa que imputa el Ministerio Público, primero porque la declaración falsa es un hecho punible contra la prueba testimonial.
“Por ende, solo se admite en aquellos procesos en los cuales pueda abrirse una etapa probatoria que permita la producción de testimonios y obviamente el proceso licitatorio no es ese tipo de proceso”, indicó.
En torno a la supuesta moratoria de la empresa, enfatizó el profesional abogado que tampoco la Fiscalía argumenta con sustento.
“La existencia o no de mora está actualmente en un proceso contencioso controvertido que todavía tiene mucha tela por cortar y para nosotros la imputación fiscal carece de sustento jurídico suficiente”, expresó.