Renace el debate por la prohibición de casinos en Ecuador

Ex trabajadores pedirán a la Corte Constitucional que anule la restricción. Quieren resucitar el juego, pero con más regulación.

Las leyes se hicieron para cambiarse. Al menos, así lo ven los miembros de laAsociación de Extrabajadores de Casinos del Ecuador que se alistan para, en menos de un mes, presentar ante la Corte Constitucional un pedido para que se derogue la prohibición al funcionamiento de bingos, salas de juego y casinos en el país, aprobada vía consulta popular en 2011.

“Se trató de una medida inconstitucional”, comentó Marco Villacís, representante del gremio, quien indicó que esta se puede anular por dictamen de este órgano del Poder Judicial o mediante una nueva consulta popular.

“En esta época en la que no hay empleo, estamos planteando la generación de 20.000 plazas de trabajo para los ecuatorianos, de un proyecto que atraerá a más turistas al país y que será positivo para la economía”, explicó.

Añadió que desde el cierre de casinos y salas de juego, las apuestas en el país no han disminuido ni desaparecido, sino que se han tornado clandestinas. Y en esto las cifras lo apoyan. Según datos de la Policía Nacional, solamente en Guayasdesde 2012 hasta 2018 se han clausurado cerca de treinta casinos ilegales, y las autoridades siguen la pista de una treintena más repartidos en Guayaquil, Milagroy Durán.

Según las autoridades, estos funcionan en viviendas y su existencia se difunde de manera exclusiva entre clientes, sin promoción digital. Adicionalmente, en los años posteriores al cierre de las salas de juego se han popularizado los sitios de apuestas en Internet, que son de carácter internacional y que no son regulados por la legislación actual, dado que dichas empresas no están en el país.

La propuesta de este grupo de extrabajadores tampoco es la primera. En diciembre del año pasado el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó el pedido de consulta popular local del colectivo mantense Vive Manta para autorizar los casinos en esta localidad manabita. Están en proceso de recolección de firmas y, de conseguirlo, el pedido también irá a la Corte Constitucional. Hay pedidos similares presentados ante el CNE de agrupaciones en Sucre (Manabí), Salinas y Quito.

Hace pocas semanas el nuevo alcalde de la capital, Jorge Yunda, se mostró abierto al proyecto, por lo que Villacís indicó que también esperan reunirse con el burgomaestre para presentar su propuesta.

Según el abogado constitucionalista John Terán, el planteamiento ante la Corte es totalmente legal, pero la entidad deberá sopesar el pedido del colectivo frente a lo establecido por la consulta de 2011. “Se puede pedir el pronunciamiento de la Corte, sin duda; pero los jueces deberán determinar si, considerando que ya hubo una votación popular al respecto, es admisible una nueva consulta para tratar el mismo tema”, manifestó.

Para la jurista y docente María José Castro, declarar inconstitucional la consulta de 2011 es improcedente. “Deben probar de qué manera esa consulta fue inconstitucional, porque realmente no lo veo. Ahora, legalmente, pueden acudir ante la Corte, y esta también puede rechazar el pedido, sobre todo porque ya hay una resolución, que obtuvo un 45 % de votación popular”.

Frente a las críticas ante la propuesta de los extrabajadores, Villacís explicó que el proyecto también contempla la regulación de esta actividad, característica que -siente- fallaba durante la vigencia previa de los casinos.

“El Ministerio de Turismo no contaba con el conocimiento adecuado para realizar el control. Nosotros proponemos la creación de un ente regulador, como existe en Colombia, que genere una normativa y fiscalice a los establecimientos. Así todos ganamos”, argumentó.

Lotería

Azar, pero sin fines de lucro
En 2016, con el fin de introducir tecnología a la venta de sus productos, Lotería Nacional creó los Puntos de la Suerte. Estos, instalados en centros comerciales, ofrecen sus productos, como las raspaditas y el Pozo Millonario en máquinas. La ley no sanciona la actividad porque esta no tiene fines de lucro y los ingresos recaudados se usan en obras sociales.

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