Buscan un nuevo ámbito para controlar el juego

Por DNU, el Gobierno dispuso liquidar esa sociedad del Estado; negocian acuerdos entre la Ciudad y la provincia

El Gobierno cerrará la Lotería Nacional, una sociedad del Estado que perdió el núcleo de sus funciones con el traspaso del juego a la órbita de la Ciudad. La medida se tomó por decreto de necesidad y urgencia luego de detectar que la entidad, que tiene unos 200 empleados, agotará sus fondos en el corto plazo y pasará a ser deficitaria.

Así, el juego quedó como competencia exclusiva de los distritos, sin un organismo nacional que coordine la actividad lúdica. El plan de la Casa Rosada es, de ahora en más, promover una serie de acuerdos entre la Lotería de la Provincia de Buenos Aires (que concentra el 47% de la actividad lúdica del país) y la Lotería de la Ciudad SE (que contiene otro 16%) para luego invitar al resto de las provincias a que se adhieran y crear un nuevo ámbito de coordinación con fuerte presencia de Cambiemos.

Para dar el puntapié inicial, entre los proyectos oficiales a coordinar entre la Ciudad y la provincia figura la creación de un registro único de autoexcluidos, para que quienes sufren de ludopatía puedan suscribirse a un sistema que prohíba su ingreso a las salas lúdicas en ambos distritos vecinos. También la unificación de políticas de juego responsable y una agenda común para revisar subsidios, impuestos, cánones y la regulación de la actividad hípica.

En las últimas semanas, en tanto, la Lotería de la Provincia, conducida por Matías Lanusse, mantuvo reuniones con sus pares de la Ciudad para buscar implementar de forma conjunta el pago de una entrada a las salas de juego. En el distrito de María Eugenia Vidal, por ley, se estipuló que los bingos deben cobrar un ingreso de $20, que se destina en partes iguales a las arcas de la gobernación y a las del municipio donde funciona el establecimiento. Aún resta que los concejos deliberantes de cada distrito se adhieran a la medida para su implementación plena.

De todas formas, la realidad en una y otra jurisdicción es distinta: mientras que en la provincia hay 46 bingos y 12 casinos, en la Ciudad hay tres grandes salas de juego, pero de fuerte peso.

“A la larga, el proyecto es crear un nuevo organismo por adhesión de las provincias, para estandarizar la regulación del juego y fijar parámetros como el canon, los registros y los controles de la actividad”, dijo ayer a LA NACION un hombre del Gobierno que estuvo en la cocina del decreto.

En esa mesa conjunta trabajarán Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, un líbero del Gobierno al que Mauricio Macri le encargó ocuparse del tema lúdico, y Pablo Bourlot, que ejerció hasta ahora la vicepresidencia de la Lotería Nacional.

Liquidación

Como coletazo de la decisión, con la Lotería Nacional se extinguirán el histórico Concurso de Pronósticos Deportivos (Prode) y la Grande Nacional. Será el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Carolina Stanley, quien designará un interventor liquidador de la entidad. Durante la liquidación, que podría demorar varios meses, se espera la apertura de retiros voluntarios para los 200 empleados. Caso contrario, se deberá indemnizar a los trabajadores.

“La continuidad de la operatoria lúdica en las condiciones actuales de desenvolvimiento implicaría trasladar una situación de quebranto al erario, lo cual requiere adoptar decisiones en forma impostergable y con la mayor inmediatez”, señaló la letra del DNU para justificar la modalidad de la medida, que deberá ser refrendada por el Congreso.

Desde el año pasado, la concesión del Hipódromo Argentino de Palermo, los casinos flotantes de Puerto Madero, la Quiniela, el Loto y las agencias de apuestas ya pasaron a la órbita de la Ciudad. El gobierno nacional le pasó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la percepción del canon y los impuestos y las competencias para controlar y fiscalizar esas concesiones.

Desde que llegó al gobierno, Cambiemos jugó al toma y daca con los grandes actores del negocio lúdico de la Ciudad. Poco después de asumir, el oficialismo obligó al Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (Hapsa), a Casino Club SA y a Cirsa a pagar una millonaria deuda tributaria y a afrontar cánones más altos. Al mismo tiempo, permitió que sigan vigentes las concesiones que otorgó el kirchnerismo: en el caso del hipódromo llegará hasta 2023 y en el del barco, hasta 2019.

Por: Maia Jastreblansky

lanacion.com.ar

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