Antigua y Barbuda busca ayuda en la OMC para su disputa con los EEUU

El gobierno de Antigua y Barbuda emitió un comunicado para felicitar a Calvin Ayre poco después de que el empresario del juego fuera liberado de todos los graves cargos presentados contra él por EE.UU.

El Sr. Ayre fue acusado en 2012 por el Fiscal de Distrito de Maryland por violar las leyes de los Estados Unidos y proporcionar a los jugadores locales servicios de juegos de azar online a través de la marca Bodog iGaming que él mismo había fundado.

El mes pasado, la Juez Principal de la Corte del Distrito de Maryland, Catherine Blake, descartó los cargos contra el empresario nacido en Canadá y su negocio iGaming. El Sr. Ayre debía pagar una multa de $500,000 y otra de $100,000 por el derecho a readquirir la marca Bodog.

El empresario ha estado radicado en Antigua y Barbuda desde 2007 y es conocido allí por ser un importante inversionista, de ahí el comunicado de hoy del gobierno de la nación caribeña y su cercana actitud hacia él.

Antigua y Barbuda ha tenido su propio abanico de disputas legales con los EE.UU. El conflicto provino de la represión de los Estados Unidos sobre los juegos de azar online que comenzó a principios y mediados de los 2000 y que en realidad continúa hasta el día de hoy.

La pequeña nación isleña fue en realidad la primera jurisdicción del mundo en introducir en 1994 un marco regulador de juegos de azar online. Sus leyes permitieron a los operadores de juegos de azar interesados solicitar licencias para ejecutar páginas web de juego. Antigua y Barbuda rápidamente se convirtió en un popular destino entre las compañías de juego que tuvo un efecto muy positivo en su economía.

Como se mencionó anteriormente, fue en los años 2000 cuando Estados Unidos empezó a implementar una prohibición gradual de la prestación de servicios de juegos de azar online dentro de sus fronteras que culminó con la aplicación en 2006 de la Ley de Aplicación Ilícita de Juegos de Internet.

El hecho de que Estados Unidos fuera tan hostil hacia los juegos de azar a distancia afectó terriblemente a la próspera industria iGaming de Antigua y Barbuda. La nación buscó ayuda en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y recibieron una ayuda muy necesaria.

La OMC descubrió que al obstaculizar a los concesionarios de Antigua y Barbuda de proveer servicios iGaming en su territorio, Estados Unidos estaba violando un tratado de 1995 que tenía como objetivo eliminar las barreras comerciales internacionales. La organización también dictaminó que los EE.UU. debían pagan a la nación isleña $21 millones en daños anuales, una decisión que se han negado a aceptar. Como resultado, la deuda del Estado con Antigua y Barbuda supera actualmente los $250 millones.

El gobierno de la nación caribeña ha tratado de resolver en repetidas ocasiones la cuestión en los últimos 15 años, pero Estados Unidos se ha negado a revisar su posición al respecto. Representantes de Antigua y Barbuda han revelado que volverán a poner la disputa a la atención de la OMC, si no se llega a un acuerdo pronto. Y no parece que vaya a llegarse a un acuerdo.

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