Madrid replica a Cordish que “defenderá los intereses de los madrileños”

La Comunidad de Madrid ha asegurado este sábado que el rechazo a tramitar el proyecto de macrocomplejo de ocio presentado por el grupo Cordish como Centro Integrado de Desarrollo (CID) es una decisión “amparada” por la ley y que la posibilidad de recurrir por la vía judicial, como ha avanzado la compañía, “carece de sentido”, si bien recalca que “defenderá ante los tribunales y donde sea necesario los intereses generales de los madrileños”, informa EUROPA PRESS.

Así lo indica el Ejecutivo autonómico en un comunicado en respuesta al emitido previamente por la compañía y que la negativa a activar la figura de CID para el proyecto ‘Live! Resorts Madrid’ en la localidad de Torres de la Alameda “no tienen sentido” y avanzaba que recurrirá “al ejercicio de cuantas acciones legales puedan corresponderle” para defender “sus legítimos intereses”.

Frente a esta postura, el Gobierno regional dice que “entiende la decepción” pero “lamenta la mala aceptación” que ha mostrado el inversor ante su decisión de no activar el procedimiento extraordinario de Centro Integrado de Desarrollo para la puesta en marcha de su complejo de ocio con casino.

Al respecto, detalla que se trata de una decisión que corresponde al Ejecutivo autonómico amparada por la ley y sustentada en ocho informes técnicos de distintas direcciones generales y diversas opiniones técnicas requeridas, que han realizado un análisis “serio y riguroso” de la documentación presentada por el grupo inversor.

Además, el Gobierno regional asegura que se ha seguido “de forma escrupulosa” el procedimiento marcado por la ley, por lo que a juicio de la Comunidad el recurso ante los tribunales anunciado “carece de sentido”. Por otro lado, subraya que el proyecto implicaba “un importante coste” para la Comunidad de Madrid, sobre todo en materia de infraestructuras.

La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid explica que la activación de la figura de Centro Integrado de Desarrollo y la decisión de aplicar las ventajas que prevé la Ley es “una potestad de la Administración” que debe “quedar perfectamente justificada en la singularidad y excepcionalidad del proyecto para no crear inseguridad jurídica y favorecer la competencia desleal con otros inversores y, a juicio de los informes técnicos recabados, este proyecto de inversión con Casino no reúne esos requisitos”.

En este sentido, reitera como hizo ayer que el proyecto presentado carece de la “multisectorialidad necesaria”, puesto que el 90 por ciento de los ingresos previstos “giran sobre una propuesta de Casino y los servicios hoteleros y de restauración que lo complementan”. Aparte, insisten en que “carece del impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural” que requiere la ley para tramitar la figura de CID.

A su vez, enfatiza en que la segunda versión del proyecto de inversión “no modifica sustancialmente” el ya presentado el pasado mes de noviembre por el grupo Cordish y que, según los informes técnicos, justificaba de forma “insuficiente las cifras de visitantes y de empleo que el proyecto podría generar”.

Además, el Gobierno regional subraya el promotor ha aportado de nuevo cifras de ingresos y de demanda del proyecto “contradictorias y, en algunos casos, no soportadas suficientemente, lo que conllevaría un elevado riesgo de sobrevaloración de las cifras”.

El Ejecutivo autonómico ha asegurado que la Comunidad de Madrid es una región “abierta a toda inversión extranjera que cumpla los requisitos legales pero para activar un Centro Integrado de Desarrollo, que contempla importantes ventajas fiscales y urbanísticas, debe asegurarse la singularidad exigida en la normativa vigente”.

Ello implica constatar un “impacto relevante, efectivo y duradero en el desarrollo económico, social y cultural de la Comunidad de Madrid” y que la negativa del Gobierno regional a activar el CID se refiere “únicamente a este proyecto presentado, sin perjuicio de que futuros proyectos, con planteamientos distintos, puedan ser consideradas como Centro Integrado de Desarrollo”.

El Ejecutivo regional insiste en que la ubicación de los terrenos, en un lugar “sin comunicaciones de transporte dimensionadas para la previsión de visitantes que el inversor maneja ha sido muy cuestionada”. Se trata de un aspecto relevante pues “podría ocurrir que el menor precio, incluido el pago a los intermediarios del terreno, por la adquisición de unos terrenos no urbanizables alejados de núcleos urbanos relevantes, trasladara el coste en forma de infraestructuras a la Administración”.

En este punto, la Consejería explica que la normativa establece que es la Administración la que debe “garantizar la conservación de la funcionalidad de las infraestructuras y servicios existentes en los proyectos de alcance regional”.

Por tanto, y ante la afirmación manifestada por Cordish sobre su compromiso a sufragar las infraestructuras necesarias, el Ejecutivo autonómico detalla que “no analiza intenciones de inversores en comunicados, sino documentos presentados en registro”.

Al respecto y en base a esa documentación, el inversor “solo se compromete al desdoblamiento de la M-224 y a la puesta en servicio de lanzaderas de autobuses” cuando a la vez reconoce que la implantación del proyecto bajo la figura de CID “conllevará una alteración del sistema de movilidad en su área de influencia y exigirá por lo tanto actuaciones en el sistema de transportes para que se puedan canalizar las nuevas demandas de desplazamientos en condiciones adecuadas de nivel de servicio”.

Respecto a la polémica sobre la comunicación del rechazo a la tramitación, dado que Cordish sostiene que se enteró antes por los medios de comunicación, el Gobierno regional asegura que la notificación se produjo “dos horas antes” que avanzar la decisión a los medios de comunicación, a través de un procedimiento telemático mediante registro a sus representantes legales. “Y hay constancia de que fue abierta antes de informar a los medios el pasado viernes”, insiste el Ejecutivo autonómico.

Finalmente, la Comunidad recalca que la decisión cobraba una “una especial trascendencia” pues la aprobación de un CID con casino impediría una nueva autorización de otro proyecto con casino en un plazo de 10 años, como establece la Ley del Juego de la Comunidad de Madrid.

infoplay.info

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