Puja judicial por reapertura de los casinos en Valle de Uco

Ante una medida de “no innovar” de la 5A Cámara Laboral, tanto el Instituto como el gremio la interpretan de diversa forma.

El Instituto de Juegos y Casinos de Mendoza y el Sindicato del personal del Casino interpretan cada uno a su manera la medida de “no innovar” dictada el 28 de abril, sobre los anexos de Tupungato y Tunuyán. Ambos dejaron de funcionar el 24 de abril.

La 5° Cámara Laboral acogió el recurso del sindicato que dirige Martín Caín y ordenó un “no innovar” que el gremio interpreta como un regreso a la situación existente el 21 de abril pasado -fecha de la presentación del amparo sindical-. Esto significa que ambos anexos del Valle de Uco deberían volver a funcionar.

En tanto el Instituto que preside Josefina Canale (PD) considera que la decisión judicial congela la situación al 24 de abril, el momento en el que expiró el plazo de concesión de los anexos a las empresas privadas que los explotaban.

Es decir que el “no innovar” no significaría una orden judicial para retomar el funcionamiento sino un congelamiento del proceso de desmantelamiento y de reubicación o despido de empleados.

Así las cosas, los anexos del Casino de Mendoza en Tunuyán y en Tupungato permanecen cerrados y su personal (50 empleados estables y 60 más de las concesionarias) en una situación indefinida..

“Se está desobedeciendo una orden judicial”, advierte Caín para quien Canale debería ordenar la reapertura “hasta que se resuelva la cuestión de fondo” (el cierre o la continuidad del funcionamiento). Y el gremio ya analiza la presentación de una denuncia de “desacato” contra las autoridades.

“Reabrir significaría innovar y estamos frente a una orden de no innovar”, remarcan en el Instituto, cerca de Canale. Entre las autoridades del Casino se destaca que “no existe una orden judicial de reapertura y si algún día la hubiera debería aclarar en qué plazos y bajo qué marco de funcionamiento se deberían reabrir, porque a los concesionarios ya se les terminó el plazo de concesión”.

El anexo de Tunuyán estaba a cargo de la empresa Ivisa, de Claudio Ronsoni, quien -tras el cierre- no retiró sus tragamonedas del lugar.

Mientras que el de Tupungato era explotado por Betec (del presidente de Boca, Daniel Angelici) trasladó todo su mobiliario luego del cierre.

El tema genera suspicacias cruzadas, ya que en el Instituto sospechan que el gremio se mueve al ritmo de los intereses de Ivisa. Mientras que desde el sindicato, se acusa al Instituto de cerrar el juego público en el Valle de Uco para favorecer a la empresa Fuentemayor, que explota un casino privado en Vista Flores.

A la hora del cierre de anexos -que incluyó a Uspallata, Eugenio Bustos y La Consulta- también hubo un cruce de opiniones entre el intendente justicialista de Tunuyán, Martín Aveiro y el radical de Tupungato, Gustavo Soto.

Aveiro se quejó por el cierre “porque perjudica al turismo en la zona”. Mientras que Soto aplaudió la medida porque consideró al juego “un azote para la economía de la región”.

La 5° Cámara Laboral está integrada por los jueces Antonio Sánchez Rey, Ester Irene Baglini y Viviana Gil.

Su actuación muestra un antecedente de medida similar en marzo de 2013 .

En esa oportunidad -frente al cierre de la actividad en el yacimiento Potasio Río Colorado en Malargüe- esta cámara acogió un pedido de amparo de la Uocra, el gremio de la construcción.

Ordenó que la compañía brasileña Vale, a cargo del yacimiento, debía “abstenerse de realizar actos físicos o jurídicos que impliquen desmantelar instalaciones, retirar herramientas, maquinarias y demás elementos de trabajo y cualquier otro acto que altere la situación de hecho y de derecho existente a la fecha de la presente medida en el proyecto minero ubicado en Malargüe”, aseguró.

En esa oportunidad, la decisión de la Cámara se mostró más cerca de detener el desmantelamiento de las instalaciones, que del regreso a la actividad.

losandes.com.ar

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