Cirsa donó 900.000 euros a CDC tras conseguir una fábrica por un euro

La cifra supone el 3% de los 30 millones ganados por la empresa con la operación, que fue apoyada por la Generalitat y de la que también se benefició Oriol Pujol

La multinacional catalana del juego Cirsa donó a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC, hoy PDECat) 900.000 euros tras la firma de una operación industrial amparada por la Generalitat que le reportó 30 millones de euros de beneficios. Los donativos ascienden al 3% exacto de las ganancias y empezaron el 10 de junio de 2011, solo cuatro días después del acuerdo por el que la compañía compró a Sharp por solo un euro su fábrica en Sant Cugat del Vallés (Barcelona).

Esta información, fruto de una investigación de EL PAÍS, relaciona por primera vez la financiación de Convergència a través de sus fundaciones con el ‘caso ITV’, que supuso el fin de la carrera política de Oriol Pujol. El exdiputado de CDC está acusado de lucrarse con varias operaciones industriales, entre ellas la de Sharp. El fiscal le pide cinco años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, cohecho y falsedad.

Un portavoz de Cirsa niega rotundamente que las donaciones estén relacionadas con la compra de la fábrica. Un amplio resumen de la versión de Cirsa sobre los hechos puede leerse en la información adjunta.

La llegada de Artur Mas a la presidencia de la Generalitat, en diciembre de 2010, coincidió con un momento crítico de la crisis. Sharp había anunciado, como otras multinacionales, el cierre de su fábrica en Cataluña, con 300 trabajadores, para llevarse la producción de televisores a Polonia. La consultora Alta Partners, de la que es socio Sergi Alsina —amigo íntimo de Oriol Pujol—, irrumpió en ese momento como arquitecto de una operación destinada a lograr la venta de la planta a una tercera empresa. A priori, la transacción beneficiaba a todos: se salvaban empleos, a Sharp le salía más barato regalar la fábrica que asumir los costes de cerrarla y Cirsa conseguía casi gratis un buen activo.

El sumario del caso ITV, sin embargo, muestra como esta y otras operaciones de la época fueron aprovechadas por Pujol, Alsina y otros actores públicos y privados para lucrarse en una maraña de favores políticos, comisiones opacas y fraude fiscal. Ningún directivo de Sharp y Cirsa está entre los investigados.

El sumario ilustra como el cierre de Sharp fue uno de los primeros asuntos en los que Oriol Pujol involucró a Artur Mas. El 17 de enero de 2011, Alsina llama a otro de los implicados y le comunica que si la operación de Sharp fructifica será por “la presión” de la Generalitat y que Mas “ya ha llamado” a la familia Lao, dueña de Cirsa.

En esos primeros momentos, los Lao no parecen muy entusiasmados con el proyecto. “Pueden decir que no, pero si te llama el presidente, te llama Oriol y te dice, bueno, escúchame queremos que lo hagáis, que ya os apoyaremos…”, comenta Alsina por teléfono.

EL PAPEL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA

Luís Franco compareció, junto a Pujol y Alsina, en una comisión de investigación contra la corrupción en el Parlament de Catalunya en febrero de 2015. Allí dio explicaciones sobre las reuniones mantenidas con Cirsa y admitió que recibió una llamada de Oriol Pujol sobre ellas. Franco, sin embargo, destacó que el objetivo era “salvar un número importante de empleos” y que, en todo caso, la reunión siguió los procedimientos habituales en estos casos, que fue “puramente técnica” y que “no hubo ningún trato de favor” hacia Cirsa.

El exdirector de la Agencia Tributaria Catalana, que recordó que no podía dar datos sobre ningún contribuyente concreto, sí aseguró que los técnicos informaron a la empresa de que “el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores determina que quedan exentas determinadas transmisiones si se dan determinados requerimientos”, en referencia a los procesos de reestructuración industrial. “Y eso es lo que pasó, meramente una reunión técnica”, concluyó.

Franco, que ha declinado hablar con este diario, fue relevado como director de la Agencia Tributaria Catalana en 2014. Ese mismo año, con las investigaciones del caso ITV ya muy avanzadas, la Agencia levantó un acta de inspección pasó a reclamar a Cirsa 1,8 millones de euros por la operación, según ha podido saber EL PAÍS. El caso ha sido recurrido por la compañía y está pendiente de resolución.

El sumario también muestra cómo la figura del entonces Secretario del Gobierno de la Generalitat, Germà Gordó —al que la Fiscalía Anticorrupción vincula con la financiación ilegal de Convergència— planea sobre la operación. Cirsa admite que sus directivos mantuvieron reuniones con Gordó en esa época, pero niegan que en ellas se hablara de la fábrica. Gordó y el PDECat han declinado ofrecer su versión de los hechos.

En los cinco meses siguientes, se suceden las llamadas entre Alsina, Pujol y otros implicados, con frecuentes referencias a cargos de la Generalitat, de los que buscan apoyo. Las maniobras de la trama tienen una doble faceta. Públicamente, se trabaja para salvar empleos. En privado, todos son conscientes de que hay mucho dinero en juego. Alta Partners, según la instrucción del caso, cobró 3,6 millones de Sharp por sus servicios.

Las conversaciones se aceleran a finales de mayo. El día 26, Alsina llama a Pujol y le dice que tienen que hablar “de la reunión del lunes 30 con Sharp”. “Tenemos lo que habíamos preparado como nota de prensa en su momento que coordinamos con la Generalitat”, añade..

Los nervios aumentan esos días ante un último escollo: el pago del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, un tributo autonómico. Pujol llama a Alsina y le dice que el impuesto asciende a “un millón de euros [en realidad son casi dos millones], por lo que temen que los de Cirsa no firmarán mientras no se solucione este problema del impuesto”, recoge un atestado policial. Oriol Pujol se compromete a hablar con el director de la Agencia Tributaria Catalana, Lluís Franco.

Fruto de estas gestiones se celebra una reunión entre Alsina, Cirsa y Franco, entre otros. El día 31, Alsina explica a otro implicado que “la reunión fue muy bien”. “La Agencia Tributaria quiere un compromiso industrial, y se tienen que comprometer a no vender el inmueble en cuatro años. Esto ayudaría a que ellos puedan hacer esta interpretación y que no haya que pagar el impuesto”.

Al día siguiente, Alsina también explica a Oriol Pujol el resultado del encuentro: “Franco dijo que por su parte no habría trabas, sino que al revés”. Sergi da a Pujol un último detalle que muestra la influencia que los miembros de la trama tienen sobre cargos de la Generalitat: “Franco es consciente que tiene que buscar una solución de aquí al jueves”.

El 7 de junio, el diario Expansión publica que Generalitat, Sharp y Cirsa han cerrado la tarde anterior el acuerdo, que será ratificado en septiembre. La información explica que de los 300 empleados de la planta, 100 serán despedidos por Sharp, 100 recolocados por la multinacional japonesa y los otros 100 se los quedará Cirsa en Sant Cugat para, entre otras funciones, fabricar pantallas para sus máquinas recreativas.

Las cuentas depositadas por las empresas en el Registro Mercantil ofrecen los detalles de la operación. El 16 de junio, Sharp crea una sociedad con 5.000 euros de capital llamada Sant Cugat Technological Centre (SCTC). El 9 de septiembre, hace una ampliación de capital por 30,035 millones mediante “la aportación no dineraria de una unidad de negocio autónoma” cuyos mayores activos son la fábrica (valorada en 20 millones) y otros 10 millones que Sharp deja en la tesorería.

La operación culmina una semana más tarde, el 15 de septiembre, cuando Nortia Business (del grupo Cirsa) adquiere por un euro STCT. Según las cuentas de Nortia de 2011, la operación le reporta “un beneficio de 30.045 miles de euros”, aunque se compromete a no hacer nuevos despidos en dos años ni vender la fábrica en cuatro. A día de hoy, Cirsa mantiene la planta con toda su plantilla.

En paralelo a las últimas negociaciones entre Sharp y Cirsa, esta última y Convergència ultiman un plan de donaciones a las dos fundaciones del partido, CatDem y Barcelona Fòrum, ambas investigadas en el caso 3%. El acuerdo se cierra el 16 de mayo de 2011.

La primera donación se hace el 10 de junio, solo cuatro días después del acuerdo para la compra de la fábrica. Son 100.000 euros para CatDem. Fòrum Barcelona recibe otros 100.000. Los pagos se repetirán por el mismo importe a las dos fundaciones en los tres años siguientes, mientras que en 2015 será solo CatDem la que reciba dinero.

Cirsa no había hecho donativos a CDC en los años anteriores al acuerdo. La empresa asegura que “realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector”. El análisis de sus cuentas, sin embargo, revela que sus donaciones se disparan en 2011 y que durante los cuatro años siguientes, las hechas al partido acaparan entre el 60% y el 90% de sus aportaciones a fundaciones.

LA VERSIÓN DE CIRSA

La transmisión de una unidad productiva en España de Sharp a Nortia, formalizada finalmente en septiembre de 2011, fue resultado de los acuerdos alcanzados entre ambas corporaciones tras largas negociaciones. Estas tenían como único objetivo lograr un claro proyecto empresarial que debía encajar en nuestros planes operativos. En este proceso, que se inició en septiembre de 2010, la intervención de una administración pública en nada podía contribuir ni beneficiar al resultado de las negociaciones. Se trató de una relación bilateral entre dos grupos multinacionales.

Al cuantificar la operación presentada a Nortia por Alta Partners, el precio de 1 euro fue libremente pactado entre ambas corporaciones tras la exhaustiva valoración de los activos que se aportaban y de todas las obligaciones —principalmente laborales— que se asumían.

En este contexto, no tiene cabida ninguna donación al partido para agradecer un supuesto beneficio en la operación.

Cirsa pertenece a un sector absolutamente regulado y es un referente en la industria. Por tanto, una de las actividades intrínsecas de la compañía es la relación con las administraciones públicas, tanto como empresa como a través de las patronales. Las reuniones con el entonces secretario del Gobierno catalán, Germà Gordó, tuvieron lugar desde el 2010, sobre todo para garantizar un marco jurídico estable y una valoración de la industria del juego como sector clave de la actividad económica. En estas reuniones no se trató en ningún momento la compra de la fábrica.

Entendiendo la respuesta anterior, la decisión de realizar donaciones forma parte de la dinámica empresarial propia de cualquier sector. Deben entenderse en un marco de contribuciones que la compañía realiza en cualquier ámbito  público y privado, relacionados con la sociedad civil y la administración pública. Este tipo de contribución es absolutamente legal y completamente desvinculada de cualquier operación empresarial entre dos corporaciones privadas.

elpais.com

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