La Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) se hizo parte de las querellas contra quienes resulten responsables por los delitos de juego ilegal o clandestino, lavado de activos y afectación a la propiedad intelectual (utilización de ejemplares pirata de máquinas de casinos legales) en Valparaíso y Viña del Mar, junto al Intendente de la Región de Valparaíso, Raúl Celis y, el alcalde de esa ciudad Jorge Castro.
Entre los hechos que sustentan dichas acciones judiciales se encuentra el explosivo crecimiento del negocio de juegos de azar en la región, el que es prohibido por la ley de casinos y el Código Penal, y por tanto, transgrede la legislación vigente.
Además, según establecen las querellas, se ha sabido que el software utilizado por los negocios ilegales son ejemplares pirata de máquinas de casinos legales (en muchos casos), por lo tanto su calidad de dispositivos de azar ilícito es indudable. «El daño a la propiedad intelectual de los dueños registrados de esa tecnología es también un delito que debe ser investigado y sancionado penalmente», señaló la ACCJ.
Las acusaciones plantean que en los establecimientos donde existen tragamonedas «se generan y perciben rentas ilegales, dentro de un contexto de delincuencia organizada, lo que justifica la eventual configuración de los delitos base de lavado de activos», cuyo producto lo aprovechan los mismos que cometen este tipo de faltas.
El gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego, Rodrigo Guiñez, afirmó que estas acciones judiciales van dirigidas a terminar con el aprovechamiento económico de los juegos de azar ilegales que han proliferado en el país, generando una serie de externalidades negativas, según expresan distintas autoridades, como la delincuencia y la posibilidad de que jueguen menores de edad».
Por su parte, el Intendente de la Región de Valparaíso, Raúl Celis, manifestó que «hoy iniciamos una nueva fase que consiste en querellarse contra todos aquellos establecimientos ilegales por los delitos de lavado de activos, de juego ilegal y afectación a la propiedad intelectual, con o sin permiso».
La autoridad afirmó que «estos casinos ilegales generan perjuicios a las comunas que tienen casinos, como Viña del Mar, Rinconada y San Antonio, perjudican el ingreso, las entradas y el presupuesto de esos municipios y además dañan el presupuesto regional porque la mitad de las entradas que generan los dos últimos van para beneficio regional, que es administrado por los consejeros regionales en favor de distintas comunas de la región. Por tanto, nos vemos impedidos de recaudar los fondos que legalmente nos pertenecen».
«Y, sobre todo, hemos recibido numerosas quejas de vecinos que denuncian que, en los sectores donde se encuentran los casinos, aumentó considerablemente la delincuencia, y la aparición de prestamistas usureros, que se aprovechan de los más vulnerables», finalizó.
Azar no destreza
En las querellas, la ACCJ reitera que las tragamonedas de la calle son juegos de azar, ya que corresponden a máquinas donde el resultado de la apuesta es aleatorio, siendo irrelevante la destreza que pueda emplear el jugador para determinar o influir en el resultado. Las probabilidades de éxito de la apuesta quedan entregadas al azar, sin que la habilidad pueda cambiar en absoluto dicha situación o pueda incidir directamente en ello.
Las máquinas de azar o tragamonedas corresponde, según nuestra normativa a todo sistema o toda máquina electrónica, electromecánica, eléctrica o que funcione con cualquier otro modo de operación, que permita recibir apuestas en dinero o avaluables en dinero, conceda al usuario un tiempo de uso o de juego y, que a través de un sistema aleatorio de generación de resultados, otorgue, eventualmente, un premio en dinero o avaluable en dinero.