Los vendedores de la lotería nacional se manifestarán hoy para denunciar la venta de la Junta Protección Social, que pondrá fin a decenas de décadas de ayuda a hogares de ancianos, de niños, Cruz Roja y hospitales, entre otros.
Desde las ocho de la mañana y hasta el mediodía, los vendedores de lotería, organizados en una Seccional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunirán frente a las oficinas centrales de la JPS para protestar contra la privatización de la entidad.
Para Randall Rojas, dirigente de los vendedores “la privatización ya empezó y pone en riesgo no solo el trabajo de todos los vendedores de lotería sino que también el aporte económico que brinda la institución a los asilos de ancianos, orfanatos, seguro social, asociaciones de desarrollo entre otros”.
Aseguró que la organización cuenta con documentación que demuestra que la privatización de las loterías electrónicas es la primera etapa y la segunda etapa podría ser la privatización de lotería impresa.
Dijo que la posible entrega de la Junta de Protección Social a una transnacional extranjera de juegos es una realidad, según revela con toda claridad un contrato de concesión, acordado por la Directiva de la JPS.
Los vendedores sostienen que dicha corporación fue expulsada de Italia, y tiene un caso legal en su contra en los Estados Unidos y algunos de sus miembros se encuentran bajo investigación.
Indicaron que probablemente por estos hechos, ahora el Consorcio aparece registrado en Argentina.
Precisaron que se trata de una concesión de operaciones de la JPS a la transnacional en cuestión, con serio detrimento a los derechos y salario de los vendedores de lotería.
Además, señalaron que bajo la «nueva administración» se cerrará el paso a los vendedores no videntes.
Por otra parte, denuncian que funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR), encontraron numerosas anomalías que “nunca fueran debida y ni legalmente subsanadas. Sin embargo, la CGR nombrada por el gobernante Partido Liberación Nacional (PLN), lo refrendó ignorando las violaciones.
Igualmente, sostienen que el contrato de los vendedores de lotería con G-Tech viola directamente sus derechos de ley y reduciría la comisión de estos trabajadores de un 11% a un raquítico 5%.
La Seccional de la ANEP denunció que los vendedores de lotería que han alertado de estas violaciones han sido sujetos de amenaza, intimidación y sus sistemas de venta electrónica les han sido suspendidos ilegalmente.
Para los vendedores, “la Junta Directiva de la JPS, encabezada por Abundio Matarrita, no es la Dueña de la JPS y no tiene autoridad legal alguna para la entrega de parte o el total de las operaciones de una institución patrimonio de los costarricenses”.
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