DISPUTA POR CONTROL DE APUESTAS LLEGA A LA CORTE

Daniel Scioli, gobernador de la provincia

La Suprema Corte de la Provincia analiza una demanda presentada en ese ámbito contra una licitación convocada por el gobierno bonaerense para el sistema y ejecución del control on line de las máquinas tragamonedas que funcionan en los casinos y los bingos.

Según trascendió, el eje de la controversia es un proceso de licitación abierto por el gobernador Daniel Scioli para la prestación de ese servicio, actualmente en manos de la empresa Boldt SA.

La convocatoria a la presentación de ofertas fue efectuada hace algunas semanas. Pero los términos del llamado, en particular las exigencias y requisitos requeridos, fueron objetados como “inconstitucionales” por la firma Gtech, una empresa multinacional con contratos para la explotación de juegos de azar en numerosos países.

Por tratarse de un planteo de presunta inconstitucionalidad -que la firma habría fundamentado en que los requisitos limitaban la participación de algunas empresas en la presentación de ofertas-, la demanda fue radicada directamente en la Suprema Corte.

El dato saliente del proceso es que Gtech está asociada en nuestra país, para algunas de las explotaciones de juego que realizan, con la empresa que actualmente presta el servicio que se licita, Boldt SA.

Tras conocerse la radicación de la demanda, algunos trascendidos en ámbitos de las firmas de juegos de azar sostienen que los requisitos formulados en el llamado a licitación dejarían a Boldt presuntamente “afuera” de la posibilidad de presentarse en busca de la renovación de la prestación, por la cual controla on line las apuestas en las máquinas tragamonedas de los 12 casinos y los 46 bingos habilitados en la Provincia. Y favorecerían, en cambio, siempre según los trascendidos, a la firma del santacruceño Cristóbal López, que explota casinos en el sur del país, las tragamonedas del Hipódromo de Palermo (que están habilitadas por el gobierno nacional) y tiene la concesión del bingo bonaerense de Los Polvorines.

Hasta ahora, la Corte pidió al Ejecutivo documentación referida al llamado a licitación, que hasta ahora no fue elevada, según trascendió en fuentes seguras.

Algunas versiones indicaban ayer que, ante la demanda judicial, el gobernador había dictado un decreto anulando el llamado a licitación, pero esa medida no pudo ser confirmada.

eldia.com.ar

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